Luego de cosechar en las últimas horas el respaldo de 11 gobernadores cercanos a la administración nacional, este miércoles se espera que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, formalice el pedido de juicio político contra la Suprema Corte de Justicia por “mal desempeño”.
En ese sentido, los que firmaron el documento que ingresará en las próximas horas en la Cámara de Diputados fueron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Catamarca, Raul Jalil, de Chaco, Jorge Capitanich, de Chubut, Mariano Arcioni, de Formosa, Gildo Insfrán, de La Pampa, Sergio Ziliotto, de La Rioja, Ricardo Quintela, de Santa Cruz, Alicia Kirchner, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
En el texto, los denunciantes solicitaron “el inicio del proceso institucional de juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional”.
¿Cuáles son las claves del pedido de juicio político contra la Corte?
El alcance
Además de iniciar el proceso contra Horacio Rosatti, en el documento rubricado por Alberto Fernández y los gobernadores, los denunciantes también pidieron la misma medida para los otros tres integrantes del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, “respecto de algunos hechos con distintos grados de responsabilidad”.
La denuncia por “mal desempeño”
“Los hechos exponen una situación anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado que decide arbitrariamente invadir las esferas de las competencias exclusivas de los restantes poderes, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de Gobierno, en especial el principio de división estatal”, remarcaron en el texto Alberto Fernández y los gobernadores.
Asimismo, los denunciantes sostuvieron que la Corte Suprema “ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional”.
“Condenamos el grave ataque que los magistrados han asestado al sistema federal de nuestro país, al dictar una sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un desequilibrio con la ciudad de Buenos Aires”, advirtieron los denunciantes en referencia al fallo de la Corte sobre la Coparticipación.
La conformación del Consejo de la Magistratura
A continuación, el escrito destacó las expresiones del presidente de la Corte Suprema relativas a las intenciones de llevar a cabo una reforma laboral. “Señaló que deberá contar con la aquiescencia de ese Poder del Gobierno Federal. Formuló sus expresiones en términos tales que cualquier observador imparcial puede interpretar que pretendió dirigir una advertencia a los otros Poderes”, afirmaron Alberto Fernández y los gobernadores.
A su vez, los denunciantes hicieron alusión a lo que consideran “atropellos en el Consejo de la Magistratura”. En este apartado, mencionaron a la “vinculación de Horacio Rosatti con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, fundada según los firmantes en “las comunicaciones publicadas por la prensa entre el director General de la Vocalía de la Corte, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño, Marcelo D’Alessandro.
“Los chats publicados ilustran que Robles, en representación de Rosatti, indicó a D’Alessandro cómo debía proceder la alianza opositora en el Congreso de la Nación, a los efectos de poder obtener de esa ilegal manera una mayoría propia en el Consejo de la Magistratura”, aseguraron Alberto Fernández y los gobernadores.
El fallo por la Coparticipación
Asimismo, según los denunciantes, “el fallo de la Corte Suprema implica arrogarse facultades legislativas que no le corresponden”, ya que sostuvieron que “sin pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de la ley en cuestión, ordena que el Estado Nacional se abstenga de aplicar una norma plenamente vigente”, con respecto a la medida que dispuso que el Estado Nacional entregue a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de los fondos coparticipables.
“Se deja al completo descubierto que la Corte se arroga facultades que no le son propias y se extralimita en sus competencias y atribuciones. El Máximo Tribunal, al fin de cuentas, está instruyendo, tanto al Poder Ejecutivo Nacional como al Poder Legislativo Nacional, sobre cómo distribuir los recursos, cuando esta tarea le compete, de forma exclusiva, a estos dos últimos”, añadieron Alberto Fernández y los gobernadores firmantes.
La causal de “mal desempeño”
Finalmente, en el documento rubricado por el presidente nacional Alberto Fernández y los gobernadores afines a la gestión estatal, los demandantes señalaron al artículo 53 de la Constitución nacional “como una de las causales habilitantes del juicio político al que se hallan sujetos los miembros de la Corte Suprema de Justicia”.
“El mal desempeño puede configurarse a partir de ‘cualquier irregularidad de cualquier naturaleza que sea, si afecta gravemente el desempeño de las funciones aunque no aparezca la responsabilidad, falta o culpa intencional’. Las conductas llevadas adelante por los magistrados resultan susceptibles de ser encuadradas en esa noción en el ejercicio de su cargo”, concluyeron los gobernadores y Alberto Fernández.
