Una nueva denuncia penal volvió a poner bajo la lupa a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio de un escándalo por presuntos hechos de corrupción. La bancada nacional de la Coalición Cívica acusó al presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino de haber participado en un desvío de más de US$300 millones, mediante empresas offshore y cuentas en el exterior, entre 2021 y 2025.
La presentación judicial sostiene que la maniobra se ejecutó mediante una red de sociedades pantalla y operadores financieros que permitieron sacar fondos de la AFA fuera del circuito bancario argentino. Según el escrito, los responsables justificaron el mecanismo bajo el argumento de sortear el cepo cambiario, aunque las operaciones incluyeron comisiones de hasta el 30% sobre los montos canalizados.
La denuncia fue presentada por referentes de la Coalición Cívica ante el juez federal Marcelo Aguinsky, quien ya interviene en la causa por los terrenos de Pilar vinculados a directivos de la entidad deportiva. En la presentación, los denunciantes pidieron ampliar la investigación por posibles delitos de lavado de activos y administración fraudulenta en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino.
El escrito sostiene que funcionó una red internacional de intermediarios financieros con participación directa de dirigentes de la AFA. Por caso, la investigación pone el foco en empresas constituidas en el exterior y en cuentas offshore empleadas para desviar fondos fuera del circuito legal.
Entre los nombres señalados figuran el jefe del Área Comercial y Marketing de la AFA, Leandro Petersen; el operador financiero, Marcelo Fabián Saracco; la administradora de TourProdEnter LLC, Erica Gillette; y el controlante de Global FC LLC, Andrés Scornik.
De acuerdo con el planteo, la AFA habría utilizado al menos seis empresas intermediarias en el exterior para canalizar ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales y partidos amistosos. A partir de ese mecanismo, la operatoria derivó en la distribución de los fondos fuera del circuito legal argentino y mantuvo a las empresas auspiciantes sin contacto directo con los intermediarios financieros.
Asimismo, la acusación atribuye un rol central al empresario teatral y exdiputado provincial, Javier Faroni, a través de su sociedad TourProdEnter LLC. Según la acción penal, esa firma concentró ingresos por US$260,5 millones entre 2022 y 2025, aunque solo el 5,4% de esos fondos ingresó efectivamente a las arcas de la AFA.
Por último, la iniciativa también detalla operaciones que carecerían de sustento comercial real, como pagos por supuestos “cursos de filosofía de gestión” y transferencias vinculadas a un negocio ecuestre relacionado con el entorno de Toviggino. Frente a este escenario, los denunciantes pidieron medidas de prueba urgentes, como el acceso al libro de visitas de la AFA, manifiestos de vuelo de aeronaves privadas y documentación societaria de las firmas involucradas.
Sigue la guerra entre el Gobierno y la AFA: citan a contadores para que expliquen los balances
El Gobierno nacional profundizó la ofensiva contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al disponer la citación formal de los contadores del ente rector y de la Superliga para que expliquen presuntas inconsistencias en sus balances. La medida fue impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ) y se suma al escenario de creciente tensión que atraviesa la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia.
Según informó el organismo de control, las citaciones apuntan a justificar movimientos y flujos de dinero por un total estimado de 450 millones de dólares. En ese marco, la AFA deberá explicar un flujo de 111 millones de dólares, mientras que la Superliga tendrá que dar cuenta de otros 340 millones, además de presentar documentación respaldatoria sobre gastos e inversiones que no estarían contemplados en sus estatutos.
El proceso de control comenzó a escalar a fines del 2025 y ahora se focaliza en los estados contables que ambas entidades adeudan desde 2017. De acuerdo con la IGJ, el plazo para regularizar esa situación vence el próximo 20 de enero, fecha límite para la presentación de los balances pendientes y para responder las observaciones formuladas por el organismo.
Finalmente, desde el Ejecutivo libertario remarcaron que el procedimiento aplicado a la AFA y la Superliga es el mismo que rige para todas las asociaciones civiles sin fines de lucro. En ese contexto, el Ministerio de Justicia advirtió que el incumplimiento de los requerimientos podría derivar en sanciones económicas y dejó en claro que el conflicto con la dirigencia del fútbol argentino también se libra en el terreno del control contable y legal.
