Los fiscales advirtieron que la falta de recursos humanos, materiales y presupuestarios impide garantizar el servicio de justicia, luego de que la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en los tribunales federales de Comodoro Py, que estaba previsto para el lunes 10 de noviembre, volviera a postergarse.
Desde la Procuración General de la Nación advierten que la transición hacia el sistema acusatorio requiere una mayor dotación de personal, la cobertura de cargos vacantes y la asignación de recursos edilicios y tecnológicos que hasta el momento no fueron garantizados. Según el organismo, el 50% de las fiscalías federales de CABA no cuentan con titulares designados, y en el fuero Penal Económico el porcentaje de vacantes asciende al 60%.
La decisión de postergarlo al 26 de abril de 2026 dispuesta por el Ministerio de Justicia de la Nación fue tomada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, en reemplazo del ministro Mariano Cúneo Libarona, que se encuentra de licencia.
Es la segunda vez en menos de tres meses que el Gobierno posterga el inicio del nuevo régimen en los tribunales de Retiro, tras los reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal (MPF) por la falta de condiciones para su aplicación.
El procurador general interino, Eduardo Casal, encabezó en octubre un encuentro con Cúneo Libarona y 19 fiscales federales en el que insistió con esos reclamos. Si bien reconoció la importancia del cambio procesal, advirtió que “no están dadas las condiciones mínimas” para implementarlo.
El sistema acusatorio, aprobado por ley en 2014, otorga a los fiscales la dirección de la investigación penal, mientras los jueces asumen el rol de garantes del debido proceso, establece la oralidad plena de las audiencias, reduce los plazos y busca transparentar los procedimientos judiciales. Sin embargo, los operadores del fuero federal advierten que el modelo requiere una estructura que hoy el Estado no tiene capacidad de sostener.
“Ni yo, ni ninguno de mis colaboradores, ni los fiscales del cuerpo estamos en contra del sistema acusatorio. Al contrario. Pero no podemos aplicarlo sin los recursos necesarios”, explicó días atrás en declaraciones radiales el procurador general interino.
En los tribunales de Comodoro Py conviven causas de alta complejidad con delitos menores, lo que eleva el nivel de exigencia sobre los equipos fiscales. Para el MPF, sin refuerzos de personal, infraestructura y presupuesto, la reforma puede generar un colapso institucional y afectar la investigación de las causas más sensibles.
Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP), uno de los principales impulsores del sistema, salieron a cuestionar la medida y calificaron la nueva prórroga como “una señal de impunidad”. “No existe ninguna razón técnica, institucional ni presupuestaria que justifique otra postergación”, señaló el organismo en un comunicado en el que cuestionó la falta de voluntad política para avanzar con la reforma.
La reforma procesal ya se aplica en jurisdicciones como Bahía Blanca, Salta, Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata, que abarcan doce provincias del país. Pero la implementación en CABA es considerada clave, dado que concentra las causas de mayor impacto político y económico.
Qué reclaman los fiscales de Comodoro Py
El Ministerio Público Fiscal sostiene que antes de avanzar con el sistema acusatorio es necesario resolver cuestiones estructurales, como la cobertura de vacantes, la creación de cuerpos periciales propios y la mejora de la infraestructura de las sedes judiciales.
También reclaman la actualización tecnológica y la consolidación de una autarquía financiera real que permita al organismo definir sus prioridades sin depender de la asignación presupuestaria del Ejecutivo.
Además, advierten que la demora en cubrir los 222 pliegos pendientes de designación profundiza la desigualdad entre jurisdicciones, ya que en algunas regiones el sistema funciona con plena operatividad mientras en otras la estructura judicial se encuentra desbordada.
