Este martes a primera hora, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, por haber puesto su firma en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este lunes por la noche, que establece un nuevo acuerdo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin la aprobación del Congreso.
Por eso, en el documento que le entregaron a la Justicia, los diputados nacionales del peronismo argumentan que esta medida vulnera un sinfín de artículos de la Constitución Nacional y podría configurar delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por lo que solicitan la intervención del tercer poder para impedir su ejecución.
Es preciso mencionar que, la denuncia contra Milei fue presentada ante por los diputados Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Brenda Vargas Matyi, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
En el documento, los legisladores de Unión por la Patria, en su mayoría nucleados en el Movimiento Derecho al Futuro liderado por Axel Kicillof, enfatizaron que la decisión del Ejecutivo de aprobar el acuerdo con el FMI mediante un DNU viola el artículo 75 de la Constitución, que otorga al Congreso la facultad exclusiva de aprobar endeudamientos del Estado Nacional.
Diputados nacionales denunciaron a Milei por del DNU que consolida la nueva deuda con el FMI. 
Diputados nacionales denunciaron a Milei por del DNU que consolida la nueva deuda con el FMI. Diputados nacionales denunciaron a Milei por del DNU que consolida la nueva deuda con el FMI. Diputados nacionales denunciaron a Milei por del DNU que consolida la nueva deuda con el FMI.
Según los legisladores, los incisos 4°, 7° y 22° del mencionado artículo establecen con claridad que “cualquier acuerdo que implique un compromiso financiero para la Nación debe pasar por ambas cámaras del Congreso“, al tiempo que sostienen que el artículo 76 de la Constitución prohíbe la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, salvo en circunstancias excepcionales, lo que, en su opinión, no se da en este caso.
Cabe señalar que, el decreto firmado por Milei establece que el Tesoro Nacional tomará nueva deuda para cancelar pasivos con el Banco Central. En este contexto, los denunciantes afirman que se estaría incurriendo en una “usurpación de funciones” del Poder Legislativo y en una posible violación del Código Penal en sus artículos 248 y 249, que sancionan el abuso de autoridad y la violación de deberes de funcionario público.
El mismo día de la publicación del comunicado presidencial, la portavoz del FMI, Julie Kozack, declaró que la aprobación del Congreso argentino “no es un requisito indispensable para la implementación del acuerdo”. Sin embargo, los diputados nacionales sostienen que este argumento es irrelevante, ya que la legislación argentina exige la intervención de las dos cámaras que integran el Parlamento en cualquier endeudamiento internacional.
En su denuncia, los legisladores también cuestionan que el FMI pretende “interpretar la Constitución Nacional” en función de sus intereses, y señalan que este organismo no tiene autoridad para definir los procedimientos internos de un Estado soberano, como lo es el argentino.
Para completar la denuncia, los diputados nacionales de Unión por la Patria expusieron antecedentes jurídicos y decisiones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que consideran estos acuerdos como tratados internacionales, los cuales requieren la aprobación parlamentaria según el derecho argentino.
Con una extensa lista de argumentos, los diputados solicitaron a la Justicia que ordene la suspensión inmediata de cualquier acto administrativo derivado del decreto firmado por Milei hasta tanto el Congreso se expida sobre el endeudamiento con el FMI, y pidieron librar oficios a ambas cámaras legislativas para que informen si han recibido alguna propuesta de ley al respecto, y si desean asumir el rol de querellantes en la causa.
Asimismo, los legisladores de Unión por la Patria exigieron la intervención del Ministerio Público Fiscal para que evalúe la posible comisión de delitos, y determine si se configura un caso de “gravedad institucional”, doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se ven afectados principios fundamentales del sistema democrático.
Respecto del uso del DNU para aprobar el endeudamiento con el FMI, los denunciantes advierten que el escrito firmado por Milei podría sentar un “grave precedente” en la Argentina, y habilitaría a que futuros gobiernos ignoren la intervención del Congreso en materia de endeudamiento público.
Es que, los legisladores nacionales del peronismo insisten en que, más allá de la urgencia fiscal que aqueja al país y al Gobierno nacional de La Libertad Avanza, el procedimiento constitucional debe respetarse para garantizar la transparencia y la legalidad de las decisiones gubernamentales.
En contraposición, desde el oficialismo defendieron la legalidad del decreto y sostuvieron que se trata de una herramienta válida para garantizar la estabilidad económica. En tanto, sectores de la oposición y especialistas en derecho constitucional expresaron preocupación por la posible vulneración del orden institucional.
Sin embargo, el caso ahora está en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar la admisibilidad de la denuncia de los diputados nacionales y resolver sobre la solicitud de medidas cautelares. De confirmarse las irregularidades denunciadas, el decreto podría quedar suspendido hasta que el Congreso debata el acuerdo con el FMI, lo que abriría un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno y el Poder Legislativo.
