En busca de frenar las manifestaciones, cortes y protestas en la Ciudad de Buenos Aires desde el bloque de diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para sancionar a las organizaciones sociales que cometan delitos en ocasión de manifestaciones públicas, tales como la libre circulación de los ciudadanos.
La iniciativa presentada por el legislador Gerardo Milman, que atenta contra los piqueteros y pretende quitarles los planes sociales, viene a contrarrestar los más de 2.500 reclamos en la vía pública que sucedieron en el micro centro porteño en los primeros meses del año.
Milman, fundamenta su iniciativa con el hecho de que los planes sociales han sido una de las principales estrategias, utilizadas por el Estado, para paliar el conflicto social, cooptando a los sectores populares.
“El peronismo en el poder buscó la manera de restituir los lazos con los sectores populares diluidos en la época menemista. Para ello, orientó estratégicamente los planes sociales dando origen a organizaciones de desocupados ‘oficialistas’, como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita y a organizaciones barriales de pequeñas dimensiones que reproducen la lógica clientelar sobre las clases populares”, expresó Milmandurante la presentación de la ley contra los piqueteros.
Siguiendo esta línea, el diputado de Juntos por el Cambio agregó: “El cobro del plan exige como contraprestación la realización de una tarea de asistir a las marchas y piquetes, ya que esto es una condición que establece el movimiento para recibir el plan”.
El proyecto de Milman prevé que “en caso de sorprender a representantes o representados de dicha asociación cometiendo un delito deberían retirarle su personería, sobre todo cuando impiden la circulación libre de un ciudadano, derecho garantizado por el Art. 81 de la Constitución Nacional.
Entre las sanciones, se apunta a suprimir la personería jurídica y el embargo de bienes, cuentas bancarias o patrimonio a los fines de indemnización y/o reparación económica, además de la quita del beneficio económico estatal.
“En caso de condena contravencional o penal confirmada en segunda instancia, toda registración, personería jurídica y/o administrativa otorgada, subsidio, prestación y/o beneficio económico que perciba, será suprimida”, indica el articulado.
En tanto, en el artículo 3º se expone que “los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y patrimonio perteneciente a las asociaciones sociales o responsabilidad solidaria de sus representantes serán embargados a los fines de indemnización y/o reparación económica de los daños ocasionados en el marco de manifestaciones públicas de las que fuera partícipe.
Ley antipiquetes: el antecedente en la Legislatura bonaerense
A inicios de 2019, el ahora diputado provincial de Avanza Libertad –en ese entonces ocupando una banca por la Coalición Cívica-, Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley para que aquellos que participen de “piquetes” dejen de recibir planes sociales.
“Toda prestación económica que reciba por parte del Estado el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas será suspendida. El derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente”, indicaba el texto de Castello.
La propuesta contemplaba también sanciones para las agrupaciones que realicen marchas. “Las personas jurídicas que reincidan en actos como los señalados, serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, multa o retiro de la personería jurídica”, indicaba el documento.
No obstante, la iniciativa de Castello admite el supuesto de que se revierta la suspensión “si la persona involucrada indemniza a las víctimas y repara los daños causados, u ofrece garantía suficiente a satisfacción de las víctimas”.
