En la última semana de vigencia de las sesiones extraordinarias, el presidente Javier Milei posará esta semana su atención en la Cámara de Senadores de la Nación con la intención de arrogarse sus primeros triunfos legislativos de 2026 a través de la eventual sanción de la ley de reforma laboral y la baja de edad de imputabilidad.
En ese sentido, ambos proyectos ya cuentan con el dictamen del plenario de comisiones de la Cámara alta, con lo cual lo único que resta es que la titular del cuerpo, Victoria Villarruel, ponga la firma a la convocatoria a sesionar. Las fechas estimativas, son el próximo jueves para el caso de la ley penal juvenil y un día después la reforma laboral.
Pese a que el proyecto de reforma laboral ya había sido aprobado por el Senado nacional, el expediente volvió a la Cámara luego de que le fueran introducido cambios durante el tratamiento en Diputados, a través de la eliminación del artículo 44, vinculado al régimen de licencias por enfermedad. La jugada permitió sostener el respaldo de los bloques dialoguistas para continuar el trámite parlamentario.
Tras el regreso a la Cámara alta, los senadores de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda, debatieron dos alternativas: aceptar el texto modificado por la Cámara baja o insistir con la versión original. Tras un acuerdo previo, Patricia Bullrich sostuvo que prosperaría la aprobación del articulado reformado.
“Cuando tenés 21 senadores y necesitás mínimo 37, la democracia requiere discutir cada punto. Nosotros conseguimos 42 o 44 votos, mucho más de lo necesario”, se esperanzó la titular del bloque libertario, en relación con tener sancionada la reforma laboral previo al discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo.
uno de los puntos centrales del proyecto de reforma laboral es la redefinición de la base para calcular indemnizaciones. Solo se considerará la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones. En tanto, se descentraliza la negociación colectiva y pierden peso los sindicatos en la representación de los derechos colectivos.
Asimismo, el expediente establece que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que contempla el índice de inflación del INDEC más un 3% anual. En tanto, la iniciativa contempla la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir costos de desvinculación.
También se habilitó el pago en cuotas de sentencias judiciales. Habrá hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta 12 para MiPyMEs y empleadores individuales. En cuanto a la antigüedad, si transcurren más de tres años entre el cese del vínculo laboral y el reingreso del trabajador con el mismo empleador, el período anterior no será computado.
Por último, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional crea un mecanismo de banco de horas, que permite que las horas extra trabajadas por un empleado se acumulen como un saldo a favor para ser compensadas con jornadas de trabajo reducidas. La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión tendría su compensación con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.
La ley de régimen penal juvenil se debatiría el próximo jueves
El jueves pasado, el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado nacional dictaminó el proyecto que impone el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
En esa línea, la iniciativa ya fue aprobada por Diputados por 149 votos afirmativos y 100 negativos, por lo que se espera que las autoridades de la Cámara alta oficialicen este lunes la fecha y el horario de debate del proyecto que, según fuentes libertarias, tendría lugar el próximo jueves 26 de febrero.
En detalle, el nuevo régimen penal establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, como así también penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios y monitoreo electrónico.
Además, la iniciativa también prevé un esquema de sanciones alternativas a la privación de la libertad para delitos con penas menores a tres años. Para hechos con penas de entre tres y diez años que no hayan provocado la muerte o lesiones graves, el proyecto prioriza medidas con enfoque social y educativo.
Por último, el texto agrega la declaración de inimputabilidad del adolescente, lo que no implicaría en ningún caso la suspensión de la investigación judicial, que deberá continuar a los efectos de determinar la existencia y circunstancias del hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas que pudieran estar involucradas.
