El Senado de la Nación sesiona este viernes para debatir el Presupuesto 2026, una de las leyes centrales para la administración nacional de Javier Milei, quien busca sancionarlo para dar una señal de gobernabilidad, tanto en la política doméstica como para los mercados del exterior.
En ese sentido, el cuerpo parlamentario presidido por Victoria Villarruel iniciará el debate a partir de las 12 horas, en un temario que incluirá además el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, que propone cambios en el régimen penal tributario y en los procedimientos de fiscalización en la declaración del Impuesto a las Ganancias
Con relación al Presupuesto 2026, el oficialismo aspira a aprobarlo sin modificaciones para evitar que el proyecto vuelva a Diputados. Para el texto en general, desde Casa Rosada descuentan que tendrá luz verde gracias al apoyo de la oposición dialoguista y el acompañamiento de cuatro senadores peronistas del bloque Convicción Federal, que le permitirían llegar a 40 de las 72 voluntades presentes.
Según el proyecto de “ley de leyes”, el plan de gastos e ingresos para el año que viene prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); una inflación total de 10,1%; y un dólar que rondará en diciembre de 2026 un tipo de cambio de $1.430.
Si se repite el formato aprobado en Diputados, donde la votación en particular fue por capítulos y no por artículos, el eje de la sesión tendrá lugar en el capítulo II, que incluye el artículo 12 y el 30, que recibieron cuestionamientos por parte de Unión por la Patria y parte de la Unión Cívica Radical (UCR).
En detalle, el artículo 12 autoriza a la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a congelar el envío de fondos a una Universidad nacional si considera insuficiente la información remitida por la casa de estudios sobre la asignación y el uso que tendrá ese dinero. El crédito para funcionamiento, inversión y programas en todas las universidades asciende a $4,7 billones.
“Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El Ministerio de Capital Humano podrá interrumpir las transferencias en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”, establece el texto.
El otro ítem de la “ley de leyes” que podría generarle un dolor de cabeza al bloque oficialista es el artículo 30, el cual elimina las metas legales de financiamiento a la ciencia y educación, tal como la derogación de la ley que establece que el 6% del PBI debe ser “destinado exclusivamente a la educación”.
Desde La Libertad Avanza, y también en algunos despachos de la oposición, reconocieron que se trata de metas declarativas que nunca se cumplieron en los hechos, pero la derogación generó críticas en algunos bloques “dialoguistas”, como la UCR,donde existen legisladores con un fuerte vínculo con el sistema educativo, como Maximiliano Abad o Flavio Fama.
En ese marco, el oficialismo buscará garantizar los apoyos necesarios en la reunión de labor parlamentaria con el objetivo de evitar modificaciones al Presupuesto 2026, como podría ser la caída de los artículos mencionados. Ese escenario significaría una modificación del texto que obligaría a volver a reunir a Diputados para tratar el proyecto en revisión antes de fin de año, situación extremadamente compleja a sólo dos días hábiles para 1° de enero.
Tras prorrogar por dos años la denominada “ley de leyes”, desde Casa Rosada no quieren dilatar el debate porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) viene reclamando que la gestión funcione con presupuesto aprobado, por tal motivo no insistieron con el capítulo XI, que fue rechazado en Diputados, que contemplaba el artículo que deroga la ley de financiamiento Universitario y la emergencia en discapacidad.
Por otra parte, el proyecto de Inocencia Fiscal propone elevar los montos mínimos para la configuración del delito de evasión simple de $1.500.000 a $100.000.000, y fija en $1.000 millones el umbral para considerar la evasión calificada. En paralelo, crea un nuevo Régimen de Ganancias para contribuyentes con un patrimonio de hasta $10.000 millones.
