Tras cortar los accesos de la Ciudad de Buenos (CABA), organizaciones políticas y gremiales convocaron este jueves a las 19 horas a un acampe frente a tribunales bajo la consigna “En defensa de la democracia y en rechazó a la proscripción de Cristina Kirchner”.
Es que, organizaciones sociales, políticas y sindicales cortaron esta tarde el tránsito en distintos puntos estratégicos del Conurbano bonaerense como el Cruce Varela y la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Quilmes.
Además, la militancia expresó su repudió a la condena contra Cristina Kirchner cortando el Acceso Oeste y la Ruta 23, 25 de Mayo y General Paz, el kilómetro 35 en donde se encuentra el Monumento a la Memoria; la intersección de Panamericana y Ruta 197, así como la calle sobre la que se encuentra la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
En tanto, a las 19:00 horas, con el objetivo de presionar para que le concedan la prisión domiciliaria a la ex presidenta, la militancia realizará un acampe en las inmediaciones de los Tribunales de Comodoro Py, donde permanecerán hasta el viernes al mediodía.
En paralelo, continuará la vigilia en la casa de Cristina Kirchner, en el barrio de Constitución, donde militantes y autoconvocados mantienen una presencia constante desde que se conoció el fallo adverso de la Corte Suprema.
Vale destacar que, en simultáneo a todas las acciones que el campo nacional y popular denomina de resistencia, el Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) se reúne también para definir los pasos a seguir.
Del encuentro, que será inédito, participarán figuras de peso como Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno, Alejandro Rodríguez y representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Acampe y amparo colectivo para frenar la proscripción de Cristina Kirchner
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner, el constitucionalista Eduardo Barcesat señaló que existen caminos de impugnación para evitar la proscripción de la ex presidenta, siendo uno de ellos que la ciudadanía de la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires impulse un amparo colectivo.
Es que, Barcesat explicó que existen caminos de impugnación internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Corte Internacional de Justicia de La Haya pero advirtió que “el mayor problema de ello son los tiempos que insume, difícil es que lleguen para el 2026 y con suerte será para el 2027”.
No obstante, el constitucionalista aclaró que existe una alternativa innovadora, la posibilidad de que la ciudadanía inicie un amparo colectivo, que podría radicarse en el Juzgado Federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires. “Lo tendrían que promover los electores, porque forman parte del pueblo de la Nación”, remarcó, tras señalar que estarían habilitados todos los empadronados en la tercera sección.
En efecto, el fundamento legal del amparo colectivo se encuentra en los artículos n° 33 y 36 de la Constitución Nacional. “Al suprimir un candidato que goza de una enorme credibilidad y apoyo en el distrito electoral respectivo, están afectando su derecho a tener representante”, sostuvo el abogado.
En esa línea, Barcesat destacó: “Y confió en que el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del juzgado competente, va a obrar con obediencia a lo establecido en el artículo 36 frente a conductas que son cercenantes de los derechos electorales”.
Acto seguido, consultado sobre la factibilidad del amparo colectivo, el magistrado explicó que lo importante de estos momentos, son los tiempos y la urgencia con la cual se radica el amparo colectivo.
“Si es posible debe ser antes de este viernes, y dejar abierta a la adhesión de todos aquellos que quieran, mediante un simple escrito de adhesión, sumarse a la iniciativa”, detalló Barcesat.
En esa línea, el constitucionalista defendió la viabilidad constitucional del planteo. “Hay que innovar, si no tenemos una jurisdicción idónea y eficaz, hay que buscar todas las herramientas que nos da la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”, cerró.
