La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia para destrabar la deuda previsional que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene con el sistema jubilatorio bonaerense, el Instituto de Previsión Social (IPS), la cual ascendería hasta los $2,2 billones, según indicaron desde el gobierno de Axel Kicillof
En el encuentro que se desarrolló este martes en la Secretaría de Juicios Originarios, el máximo tribunal dio la primera señal hacia el Ejecutivo provincial para iniciar la instancia de diálogo institucional y poder avanzar con el reclamo de fondos adeudados. Según fuentes judiciales, habrá una nueva convocatoria entre las partes para el próximo 21 de abril.
“Nación hizo un recorte feroz sobre partidas imprescindibles. Pido un aplauso para la Corte Suprema porque se acordó de la provincia de Buenos Aires para discutir la deuda la extracción del Gobierno nacional a recursos que nos corresponden. Son recursos del pueblo de la Provincia”, destacó el gobernador durante un acto en La Plata en el que lanzó el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF).
Por parte del Ejecutivo provincial, asistieron a la audiencia el ministro de Economía, Pablo López; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del IPS, Mariana Moretti, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. “El Gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo y se fijó una nueva audiencia para el 21 de abril. Esperamos llegar a esa instancia con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este incumplimiento”, detalló López.
Es preciso mencionar que, el encuentro se produjo en medio de una disputa que afecta directamente a la gestión bonaerense, que efectuó varios reclamos por las transferencias adeudadas al sistema previsional de la provincia de Buenos Aires. Por eso, el encuentro abre un canal institucional que hasta ahora no existía y representa un intento de encauzar un conflicto que se agravó en los últimos meses.
Es que, el reclamo de la provincia de Buenos Aires, presentado en abril de 2024, exige el pago de aproximadamente 1,6 billones de pesos sin actualización, correspondientes a transferencias que la ANSES debía realizar para compensar el déficit de la caja previsional bonaerense. Sin embargo, distintos actores del sistema advierten que la deuda real ya supera los 2 billones de pesos, en un contexto marcado por la interrupción total de envíos desde la asunción del presidente Javier Milei.
Desde la administración bonaerense interpretaron la convocatoria judicial como un avance concreto frente a lo que describen como un escenario de bloqueo político, ya que, según sostienen, no existían instancias de diálogo institucional con el Gobierno nacional. En ese marco, la citación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue recibida con alivio en La Plata, que busca cerrar el conflicto tras meses de reclamos sin respuestas.
Cabe señalar que, el trasfondo del conflicto se remonta a un esquema vigente desde la década de 1990, según el cual las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias al sistema nacional, como es el caso de Buenos Aires, reciben compensaciones para equilibrar sus déficits. Este mecanismo está respaldado por normas como la Ley 27.701, que establece transferencias mensuales equivalentes a un doceavo del rojo previsional.
De acuerdo con denuncias del Gobierno provincial y de organizaciones de jubilados, esos envíos se interrumpieron completamente durante 2024 y 2025, lo que generó un fuerte impacto sobre las finanzas del sistema. En ese contexto, Moretti advirtió que la situación se sostiene desde hace dos años y la calificó como “un ataque directo a los jubilados bonaerenses”, al tiempo que remarcó la necesidad de restablecer los flujos de financiamiento.
En tanto, el antecedente más cercano en la Corte Suprema es el caso de la provincia de Córdoba, donde en 2025 una audiencia similar derivó en un acuerdo de pago luego de que la Nación reconociera la existencia de la deuda por parte de la ANSES, aunque condicionando su cancelación a auditorías previas. Sin embargo, en el caso bonaerense el escenario aparece más complejo debido al nivel de confrontación política entre Milei y Kicillof.
De esta manera, la disputa previsional forma parte de un conjunto más amplio de demandas que la provincia mantiene contra la Nación ante la Corte, entre las que se incluyen recortes en distintos fondos y subsidios. Mientras tanto, el impacto del conflicto ya se siente sobre el sistema administrado por el IPS, que abona más de 374.500 jubilaciones y pensiones, y depende parcialmente de recursos nacionales, en un contexto en el que organizaciones de jubilados advierten sobre el riesgo de desfinanciamiento y sostienen que la deuda crece mes a mes, lo que incrementa la presión sobre el esquema previsional bonaerense.
Mientras la Corte Suprema avanza con la deuda de ANSES, Magario reclama $22 billones que Nación le debe a Provincia
La presidenta de la Cámara de Senadores bonaerense, Verónica Magario, denunció que el Gobierno nacional mantiene una deuda millonaria con la provincia de Buenos Aires y sostuvo que los fondos retenidos ascienden a $22 billones. La dirigente apuntó contra la administración de Milei y vinculó esa situación con el impacto en áreas clave para la población.
“La deuda de Milei con el pueblo bonaerense crece exponencialmente y ya es de $22 billones, es decir, 22 millones de millones de pesos”, expresó Magario. Según planteó la vicegobernadora, esos recursos pertenecen a la Provincia y deberían destinarse a políticas públicas vinculadas a salud, educación, seguridad, vivienda y obra pública.
La titular del Senado bonaerense afirmó que, a su entender, el Ejecutivo nacional “ilegalmente se queda con plata de la Provincia” y advirtió que esa decisión condiciona la ejecución de inversiones y programas. “Ese dinero es el que no podemos volcar en obra pública y en la generación de empleo”, señaló la funcionaria de Axel Kicillof, al tiempo que cuestionó que los fondos sean utilizados para sostener el resultado fiscal nacional.
En ese marco, Magario sostuvo que los recursos retenidos “son de los bonaerenses porque los generaron” y remarcó que deberían orientarse a fortalecer la actividad económica y atender a los sectores más afectados por el contexto, al tiempo que afirmó que el Gobierno nacional los utiliza “para dibujar fantasiosos superávits y apuntalar negocios financieros privados”.
