La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado nacional y a la provincia de Buenos Aires indemnizar a las familias de las víctimas de la Masacre de Patagones, el crímen escolar que el 28 de septiembre de 2004 conmocionó al país. La decisión del máximo tribunal ratificó la condena contra la escuela secundaria “Islas Malvinas” y contra Prefectura Naval Argentina (PNA) por el hecho en el que Rafael “Junior” Solich mató a tres compañeros e hirió a otros cinco.
La resolución llevó las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron por inadmisibles los recursos que presentaron el Estado nacional, a través del Ministerio de Seguridad por la responsabilidad atribuida a Prefectura Naval, y la Fiscalía de Estado bonaerense, en representación de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), dentro del expediente por daños y perjuicios que impulsó la madre de Sandra Núñez, una de las víctimas fatales.
En rigor, la Corte ya había adoptado el mismo criterio durante el año pasado en la demanda que promovieron los familiares de Federico Ponce, otro de los estudiantes asesinados en la tragedia escolar. En paralelo, la familia de Evangelina Miranda, la tercera víctima fatal, también llevó su reclamo contra el Estado, aunque ese expediente recién obtuvo sentencia de primera instancia en octubre de 2024.
El tramo central de la condena contra la provincia de Buenos Aires se apoyó en el artículo 1117 del Código Civil vigente al momento del ataque, que establecía la responsabilidad de los establecimientos educativos por los daños que sufrieran los alumnos menores bajo control de la autoridad escolar. Según los tribunales federales de Bahía Blanca, las autoridades no demostraron una respuesta diligente frente a las señales de alarma que había dado Solich antes de la masacre.
En ese punto, el expediente incorporó el sumario administrativo realizado sobre los docentes, donde distintos integrantes de la escuela advirtieron que la conducta del adolescente resultaba preocupante y que sus compañeros podían estar en peligro. Para la Justicia federal, estas alertas no derivaron en medidas suficientes para prevenir un episodio que, con el paso de los años, abrió una discusión profunda sobre la responsabilidad institucional dentro del ámbito escolar.
Por otro lado, el fallo dejó firme la responsabilidad atribuida a Prefectura Naval Argentina, ya que el arma que utilizó Solich pertenecía a esa fuerza de seguridad y permanecía bajo custodia de su padre, que se desempeñaba como prefecto. Con esta nueva decisión, la Corte Suprema cerró otro capítulo judicial de la Masacre de Patagones y dejó firme la compensación económica que tanto Nación como el Estado provincial deberán afrontar ante las familias de las víctimas.
A casi 22 años de la Masacre de Patagones, la Justicia dejó firme la indemnización para las familias
La mañana del 28 de septiembre de 2004, los alumnos de 1°B del Polimodal de la Escuela de Enseñanza Media N°202 de Carmen de Patagones regresaron al aula después del izamiento de la bandera. En ese momento, Rafael “Junior” Solich, que tenía 15 años, sacó un arma de fuego y disparó contra sus compañeros dentro del colegio Islas Malvinas.
El ataque dejó como víctimas fatales a Sandra Núñez, Evangelina Miranda y Federico Ponce, mientras que Rodrigo Torres, Nicolás Leonardi, Pablo Saldías, Natalia Salomón y Cintia Casaso sufrieron heridas de distinta gravedad. Tras la masacre, la jueza de menores Alicia Ramallo quedó a cargo de la causa y la Justicia declaró inimputable al adolescente, que ante la magistrada expresó: “Cuando tiré, no era yo”.
En los años posteriores, la Masacre de Patagones quedó atravesada por distintos expedientes civiles y reclamos de reparación. En mayo de este año, la Justicia Federal de Bahía Blanca también ordenó indemnizar por daño psicológico a una compañera de curso de Solich que estuvo en el aula durante el ataque, lo que amplió el alcance judicial de una tragedia que todavía permanece abierta para buena parte de la comunidad educativa.
