Tras la multitudinaria movilización por el Ni Una Menos en distintos puntos del país, la diputada bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Analía Corvino, respaldó la política de seguridad del presidente Javier Milei y replicó la postura del oficialismo sobre una presunta reducción de los femicidios, a partir de los datos difundidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En sintonía con el discurso de la administración libertaria, la legisladora tomó distancia de la terminología que utilizan los colectivos feministas y se refirió a los casos como “homicidios de mujeres”. Sobre esa base, la dirigente provincial destacó una caída del 12,3% durante 2025 respecto del año anterior.
“El Gobierno de Javier Milei está enfrentando la problemática de la violencia contra la mujer y así lo demuestran los datos informados por la Corte Suprema”, sostuvo la representante de LLA.
La publicación de Corvino se produjo pocas horas después de que la titular del bloque libertario en el Senado nacional, Patricia Bullrich, también celebrara la caída de los femicidios desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. En pleno aniversario del movimiento Ni Una Menos, la referente nacional defendió la estrategia del Gobierno y contrapuso su visión sobre la violencia de género con las políticas impulsadas por las administraciones anteriores.
“Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad: Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios”, afirmó Bullrich.
El mensaje encontró un fuerte respaldo del líder libertario, quien compartió la publicación de la senadora y la definió como una “masterclass”. De este modo, el Presidente ratificó una línea discursiva que atribuye la reducción de los femicidios a las políticas de seguridad, la persecución penal y el endurecimiento de las penas para los agresores.
En otro tramo de su intervención, Bullrich defendió el lema “el que las hace, las paga” y cuestionó a sectores del feminismo que, según planteó, priorizan posiciones ideológicas por encima de los resultados. En relación con este punto, la exministra de Seguridad ponderó el fortalecimiento del sistema penitenciario y la creación del Registro de ADN para Violadores como herramientas centrales de la política oficial.
Asimismo, la titular parlamentaria volvió a cargar contra el extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Según argumentó la jefa de bloque, el organismo contó con recursos millonarios durante la gestión de Alberto Fernández, pero no logró resultados concretos en la reducción de la violencia de género, una crítica que el oficialismo sostiene desde el inicio de su gestión.
Ni Una Menos: organizaciones feministas cuestionaron los datos oficiales sobre femicidios
En tanto, las cifras difundidas por la Corte Suprema también despertaron cuestionamientos por parte de organizaciones feministas y especialistas en violencia de género. Si bien los registros judiciales reportaron 200 víctimas de femicidio directo durante 2025, distintos observatorios sostuvieron que la cantidad real de casos fue considerablemente superior.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advirtió que una variación anual no alcanza para establecer una tendencia consolidada y señaló que el análisis debe incorporar otros indicadores, como las tentativas de femicidio. “La violencia no empieza con el feminicidio. Por eso el Estado tiene que llegar antes”, expresaron desde la organización.
En la misma línea, la directora del Observatorio Lucía Pérez, Claudia Acuña, cuestionó el criterio utilizado para elaborar las estadísticas judiciales. La referente feminista sostuvo que numerosas causas vinculadas a economías criminales o a violencias territoriales quedan fuera de la clasificación oficial, una situación que, según advirtió, genera un subregistro de los casos.
De acuerdo con los datos del observatorio, durante el año pasado se contabilizaron 271 femicidios y transfemicidios, una cifra significativamente superior a la reconocida por la Justicia. A partir de estos registros, distintas organizaciones cuestionaron los cambios implementados en las políticas públicas desde diciembre de 2023 y apuntaron contra la reducción de programas específicos, la reconfiguración de áreas estatales dedicadas a género y diversidad, además del recorte presupuestario en dispositivos de asistencia.
