El crimen escolar que ocurrió esta mañana en una localidad de Santa Fe volvió a poner en foco los antecedentes de violencia armada en la provincia de Buenos Aires. Los casos registrados en territorio bonaerense desde fines de los años noventa exponen una problemática que, aunque excepcional, dejó episodios de alto impacto.
El ataque que reavivó las alarmas respecto a la violencia escolar se produjo este lunes alrededor de las 7, cuando un adolescente de 15 años ingresó armado a la Escuela N°40 “Mariano Moreno”, en el departamento de San Cristóbal, y abrió fuego contra sus compañeros al inicio de la jornada. El hecho dejó un estudiante de 13 años muerto y otros dos heridos, en un episodio que ocurrió en el patio del establecimiento mientras los alumnos se preparaban para el ingreso a clases.
En tanto, el primer caso documentado de este tipo ocurrió en mayo de 1997 en la localidad bonaerense de Burzaco, partido de Almirante Brown, donde un estudiante de 14 años llevó a la escuela el arma reglamentaria de su padre. El adolescente efectuó un disparo dentro del aula que provocó la muerte de un compañero, en un episodio que conmocionó a toda la comunidad educativa.
Tres años después, el 4 de agosto de 2000, la violencia escolar volvió a irrumpir, esta vez en Rafael Calzada, también en Almirante Brown, cuando un joven de 19 años disparó contra sus compañeros en la puerta de una escuela secundaria. En ese caso, el ataque dejó un estudiante muerto y otro herido, en un episodio que profundizó la preocupación social.
La investigación de este episodio puso el foco en situaciones de hostigamiento que el agresor había denunciado previamente e introdujo el concepto de bullying en la agenda pública, lo que motivó la elaboración de protocolos de intervención frente a conflictos sostenidos entre estudiantes.
Sin embargo, el 28 de septiembre de 2004, la provincia de Buenos Aires registró el caso más grave de violencia escolar en Carmen de Patagones, cuando Rafael Juniors Solich, de 15 años, ingresó armado a su aula y disparó contra sus compañeros, lo que provocó la muerte de tres estudiantes y dejó a otros cinco heridos.
El trágico episodio generó una conmoción nacional inmediata y derivó en jornadas de reflexión en todas las escuelas del país. Además, las autoridades bonaerenses incorporaron recomendaciones sobre el almacenamiento seguro de armas, la salud mental y la implementación de protocolos de emergencia.
Tras casi dos décadas sin ataques fatales, la problemática volvió a manifestarse en 2023 en Florencio Varela, donde una alumna llevó una pistola y municiones a su escuela. No obstante, la intervención rápida del equipo escolar evitó un desenlace mayor, aunque el caso reactivó las alertas sobre el acceso doméstico a armas y la necesidad de detección temprana.
Finalmente, en abril de 2025, otro episodio en Escobar evidenció nuevas formas de riesgo cuando un grupo de estudiantes organizó por mensajería un plan de tiroteo. Por caso, la denuncia de las familias permitió la intervención judicial, en un contexto donde las redes sociales comenzaron a aparecer como un factor en la escalada de amenazas.
Crimen en Santa Fe: las iniciativas bonaerenses que buscan atender la problemática de violencia escolar
Vale precisar que en plena conmoción por el crimen ocurrido en Santa Fe, la Legislatura bonaerense ya cuenta con iniciativas orientadas a relevar y prevenir situaciones de violencia escolar. En ese marco, distintos proyectos apuntan a fortalecer los mecanismos de intervención y mejorar la articulación entre el sistema educativo, las familias y el Estado.
En primera instancia, la senadora de Unión y Libertad, Silvana Ventura, presentó en noviembre pasado un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial detalle la cantidad de episodios registrados en establecimientos educativos bonaerenses. El proyecto también solicita conocer qué protocolos se aplican actualmente y si las instituciones cuentan con equipos interdisciplinarios para abordar conflictos entre estudiantes.
Asimismo, la legisladora libertaria reclamó datos sobre la coordinación entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad y los municipios frente a hechos de violencia dentro o en los alrededores de las escuelas. Por caso, Ventura advirtió que el escenario actual resulta “preocupante”, y remarcó la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para estudiantes y docentes en el territorio provincial.
Por otro lado, en la Cámara baja bonaerense, la diputada de Unión por la Patria, Luciana Padulo, impulsa un proyecto que propone implementar capacitaciones obligatorias en las escuelas sobre temáticas como bullying, violencia, grooming y primeros auxilios. En este caso, la iniciativa oficialista busca fortalecer la prevención y promover herramientas concretas para que la comunidad educativa pueda intervenir ante situaciones complejas.
