En las últimas horas, las escuelas, los centros terapéuticos y los hogares nucleados en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, convocaron un paro de 72 horas en todo el país ante la falta de pagos por parte de organismos estatales correspondientes al año 2025 que involucran al PAMI, al programa Incluir Salud y a distintas obras sociales nacionales, una situación que, según advirtieron, pone en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales.
De esta manera, el paro se dividirá en tres días, y se llevará a cabo este viernes 13, el miércoles 18 y el jueves 19 de marzo, luego de que las organizaciones e instituciones que integran el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, señalaran que durante esas jornadas los prestadores de servicios suspenderán sus actividades para visibilizar el conflicto y exigir el pago de prestaciones adeudadas.
Es que, de acuerdo con lo informado por los referentes del sector, la protesta de los trabajadores surge tras reiterados reclamos sin respuesta por parte del Gobierno nacional, una situación que describieron como crítica debido a que muchas entidades dependen casi exclusivamente de esos recursos para sostener el funcionamiento cotidiano de escuelas, centros de día, hogares permanentes y servicios terapéuticos destinados a personas con discapacidad.
La situación fue expuesta públicamente durante una conferencia de prensa realizada esta semana en la Ciudad de Buenos Aires, donde representantes de instituciones, activistas y familiares de personas con discapacidad detallaron las dificultades económicas que atraviesa el sector. En ese encuentro participaron referentes de organizaciones sociales y trabajadores del área, que coincidieron en que la falta de pagos de organismos estatales y de obras sociales generó un escenario que compromete la continuidad de las prestaciones y el sostenimiento de los equipos profesionales que trabajan en la atención diaria.
Durante la conferencia, Adriana Salomone, integrante de la Asociación de Padres DINAD, institución que brinda servicios escolares, centro de día y hogar permanente para personas con discapacidad, describió la situación mediante una metáfora ferroviaria para explicar el funcionamiento del sistema. Según señaló, el Estado y las obras sociales cumplen el rol de “locomotora” que debe impulsar los recursos necesarios para sostener la asistencia, mientras que en el medio se encuentran las personas con discapacidad y detrás los trabajadores que garantizan el servicio, entre ellos enfermeras, docentes, profesionales de la salud y terapeutas.
En ese sentido, Salomone sostuvo que cuando quienes deben garantizar los pagos interrumpen los recursos el sistema completo se paraliza, y comparó el escenario actual con “ir a 180 kilómetros por hora y poner el freno de mano”, al señalar que el impacto se traslada inmediatamente a las instituciones y a los trabajadores. Además, Adriana explicó que en muchos casos los ingresos dependen casi exclusivamente de los convenios con organismos estatales, y detalló que en su institución aproximadamente el 50% de la facturación corresponde a prestaciones cubiertas por PAMI mientras que un 30% proviene del programa Incluir Salud, entidades que aún no abonaron las prestaciones correspondientes al mes de diciembre.
En la misma línea, la referente de la Asociación de Padres DINAD también advirtió que, pese a la falta de pagos, las instituciones que alojan personas con discapacidad debieron afrontar obligaciones económicas como salarios y aguinaldos de los trabajadores, lo que generó una situación financiera difícil de sostener en el tiempo. “Hoy no podemos pagar salarios y los trabajadores tampoco pueden seguir sosteniendo esta situación”, explicó Salomone, que señaló que la continuidad de los servicios depende directamente de que los organismos responsables regularicen los pagos pendientes.
Otra de las preocupaciones planteadas durante la conferencia estuvo vinculada al impacto directo que la crisis podría tener sobre las personas con discapacidad que residen en hogares permanentes. Es que, según explicó Salomone, a diferencia de lo que ocurre con escuelas o centros de día, que en casos extremos podrían cerrar y permitir que los usuarios regresen a sus hogares, muchas de las personas que viven en residencias permanentes se encuentran judicializadas o no cuentan con redes familiares, por lo que la interrupción de los servicios de PAMI podría generar situaciones especialmente críticas.
Por su parte, el coordinador del Foro Permanente, Pablo Molero, afirmó que numerosas instituciones no reciben pagos desde octubre o noviembre de 2025, lo que agravó el panorama económico del sector, ya que sin ingresos las entidades no pueden afrontar gastos básicos como salarios, alimentos, insumos terapéuticos o servicios esenciales, al tiempo que cuestionó lo que describió como un “gran silencio” por parte de organismos como Incluir Salud, PAMI y el sistema de pensiones no contributivas frente a los reclamos realizados.
Choferes de transporte de discapacidad también paralizan el servicio
A principios de marzo, el sindicato de choferes particulares de La Plata, Berisso y Ensenada confirmó que el cese de actividades del servicio para personas con discapacidad iniciado el 25 de febrero continuará por tiempo indeterminado, y anunció una movilización para el 5 de marzo a las 10.30 horas, en reclamo por demoras en los pagos del programa Incluir Salud, además del incumplimiento de la ley de emergencia del sector.
En diálogo con Diputados Bonaerenses, el delegado regional Maximiliano Quiroz señaló que el gremio logró sostener la actividad con recursos propios ante la falta de transferencias. “Gracias a la bolsa de trabajo del sindicato y a la secretaria general, Andrea Aranda, los choferes están solamente con un mes de atraso”, indicó, y precisó que la deuda vigente corresponde a febrero.
En tanto, el dirigente afirmó que la decisión de suspender los traslados fue adoptada tras una reunión con autoridades nacionales que no derivó en soluciones concretas. “Nos prometieron un pago entre el lunes o el martes de la última semana de febrero, la cual no surgió. Por eso optamos por el cese de actividades a partir del 25 de febrero”, sostuvo.
Quiroz remarcó que el impacto alcanza a unos 150 beneficiarios en la región y a miles de usuarios en el país. Según detalló el dirigente de La Plata, Berisso y Ensenada, en el área metropolitana bonaerense se desempeñan alrededor de 150 choferes vinculados a la actividad, mientras que a nivel nacional la cifra supera los 4.000 trabajadores.
