En las últimas horas, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) solicitó formalmente a la Justicia federal que la expresidenta Cristina Kirchner no cumpla la eventual prisión domiciliaria en su departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat.
Según trascendió, la administración encabezada por Jorge Macri hizo la presentación a través de la Procuración General porteña ante el Tribunal Oral Federal 2, en la que advirtió que la presencia de la exmandataria en esa zona podría “afectar el orden público, la seguridad y el funcionamiento cotidiano del área”.
La nota, que fue presentada por instrucciones del jefe de Gobierno, manifiesta una “preocupación institucional” de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires respecto del impacto urbano que podría tener instalar en Monserrat un operativo de custodia permanente y militancia constante en las inmediaciones del hogar para proteger a la exvicepresidenta.
Es que, Macri alegó que se trata de una zona de alta densidad poblacional y tránsito constante, muy cercana al macrocentro porteño, lo que podría complicar el desplazamiento diario de las miles de personas que pasan a diario por allí, el acceso a servicios esenciales y el desenvolvimiento de instituciones educativas y comerciales.
Además, el escrito detalla que desde que se conoció la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema comenzaron a registrarse manifestaciones, cortes de calles, ruidos molestos y una sobrecarga en las tareas de las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Ante este escenario, la administración porteña solicitó que, en caso de autorizarse la prisión domiciliaria, se implementen “medidas excepcionales” que garanticen la seguridad y el orden en la esquina de San José y Humberto Primo, en coordinación con autoridades nacionales y locales.
Mientras tanto, el gobierno porteño se mantiene a la espera de la resolución judicial para desplegar un operativo acorde a las necesidades que eventualmente surjan en torno a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, tanto en el domicilio como en la vía pública. “Estamos expectantes, pero listos”, indicaron desde la gestión de Jorge Macri.
Condena a Cristina Kirchner: la fiscalía pidió el rechazo a la prisión domiciliaria
En paralelo, este martes los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron ante el Tribunal Oral Federal 2 un dictamen en el que recomendaron rechazar el pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa de la exmandataria.
Es preciso mencionar que, si bien la posición de la Fiscalía no es vinculante, es decir que no tiene incidencia en la resolución final del Tribunal Oral Federal 2, deja al mismo en condiciones de emitir una resolución definitiva en las próximas horas.
En tanto, Luciani y Mola argumentaron que “no existen razones humanitarias” que justifiquen conceder una medida excepcional como el arresto domiciliario. En su dictamen de diez páginas, sostuvieron que Cristina Kirchner, de 72 años, “no presentó problemas de salud que le impidan cumplir la condena en un establecimiento penitenciario”.
Además, en el escrito, los fiscales remarcaron que la ley permite pero no obliga a conceder el beneficio de la prisión domiciliaria a personas mayores de 70 años, por lo que el Tribunal Oral Federal 2 tiene las facultades para no otorgarla.
Sobre los argumentos referidos a la seguridad personal de la ex presidenta, entre ellos su condición institucional y el intento de asesinato que sufrió en 2022, los fiscales sostuvieron que el Ministerio de Seguridad de la Nación ya garantizó que puede brindarle protección adecuada dentro de una unidad carcelaria, y compararon su caso con el del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, a quien se le denegó el mismo beneficio pese a haber superado los 70 años y presentar problemas de salud.
No obstante, Luciani y Mola señalaron que, en caso de que se otorgue igualmente la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner, esta “debe sujetarse a estrictas normas de control y seguimiento”, incluyendo la utilización obligatoria de una tobillera electrónica, algo que la defensa de la expresidenta había solicitado evitar.
Mientras la Justicia analiza si concede el arresto domiciliario y, en ese caso, bajo qué condiciones, el peronismo prepara una movilización masiva para este miércoles, la fecha límite para que Cristina Kirchner se presente ante los tribunales federales de Comodoro Py para comenzar formalmente su condena.
La convocatoria prevé una caravana de entre 500.000 y un millón de personas que acompañarán a la expresidenta desde su domicilio hasta los tribunales de Comodoro Py, en un despliegue que podría extenderse por unas 50 cuadras.
La organización del operativo está a cargo de referentes del kirchnerismo, entre ellos Máximo Kirchner y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Según trascendió, se evalúan dos posibles recorridos: uno que avanzaría por las avenidas San Juan, 9 de Julio y Libertador hasta Retiro, y otro que bordearía el Paseo del Bajo, pasando por Madero, Huergo y detrás de la Casa Rosada.
En cualquiera de los dos casos, se anticipa una alteración significativa en la circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los servicios urbanos, lo que refuerza la preocupación del gobierno de Jorge Macri en torno a la posibilidad de que Cristina Kirchner permanezca bajo arresto domiciliario en Monserrat.
