La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) bonaerense informó que analiza junto al Frente Sindical de Unidad (FRESU), el ala del sindicalismo duro, realizar un nuevo paro nacional de 36 horas para rechazar la sanción de la reforma laboral.
La medida de fuerza se realizaría la semana próxima, luego de la jornada de paro y movilización convocada en todo el país por las tres centrales obreras, que tuvo réplicas en distintos puntos del territorio bonaerense.
En ese marco, el secretario general de la CTA bonaerense, Oscar de Isasi, destacó “el amplio nivel de unidad y masividad en las calles”, así como “el alto acatamiento al paro tanto por parte del sector privado como el sector estatal”.
“Por lo tanto nos sentimos respaldados en nuestro planteo de No a la Reforma Laboral”, señalaron desde el gremio, tras confirmar que el frente sindical analiza una nueva medida de fuerza por 36 horas con alcance a nivel nacional.
Vale recordar que, en la provincia se desarrollaron cortes de ruta, movilizaciones, concentraciones, conferencias de prensa, volanteadas y asambleas en distritos como La Plata, Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, La Matanza, Moreno, Zárate, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, Junín, Azul, Pergamino y el Partido de La Costa, entre otros.

Por su parte, desde la conducción nacional de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy afirmó que “esta jornada de paro y movilización en todo el país fue ejemplar”; al tiempo que señaló que se trató de “la lucha de nuestro pueblo y la contracara de lo que está sucediendo dentro del Congreso”.
En paralelo, el FRESU que integran la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras también definió un paro de 36 horas con movilización que se realizará la semana próxima, cuando la reforma laboral regrese al Senado.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) adelantó que avanzará por la vía judicial contra la norma. Su secretario general, Jorge Sola, confirmó que buscarán impugnar la ley al considerar que vulnera derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales.
Las dos CTA se declararon en estado de alerta por la reforma laboral: “Ataca derechos fundamentales”
La CTA de los Trabajadores y la Autónoma se declararon en estado de movilización permanente ante el envío al Senado del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, y denunciaron que la iniciativa “no moderniza el mercado de trabajo, sino que busca precarizar el empleo”.
El comunicado conjunto, que lleva la firma de los secretarios generales Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo Godoy (CTA Autónoma), advierte que la iniciativa oficial del Gobierno nacional fue elaborada “en los estudios jurídicos de los grandes grupos empresarios”. Las Centrales justificaron que utiliza a las PyMEs como argumento para avanzar en un reordenamiento laboral que facilitaría el fraude, debilitaría la presunción de relación de dependencia y promovería nuevas formas de tercerización consideradas riesgosas para la estabilidad ocupacional.
En ese sentido, las dos CTA remarcaron que el proyecto no constituye una modernización laboral que beneficie a los trabajadores, sino una flexibilización extrema que introduce mecanismos salariales dinámicos que, a su entender, van a destruir la estabilidad y abaratar los despidos para los empleadores al trasladar sus costos al Estado.
De acuerdo con lo expuesto por las centrales sindicales, la reforma laboral vulnera garantías constitucionales básicas, entre ellas las vacaciones y la jornada laboral, al tiempo que busca desarticular la acción sindical colectiva. Para ambas organizaciones, el paquete legislativo no solo agrava la informalidad, sino que además reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y profundiza la crisis económica en línea con un modelo que privilegia intereses del gran capital en detrimento de un proyecto de país productivo e integrado.
Es preciso mencionar que, en la antesala del tratamiento legislativo de la reforma laboral, las dos CTA mantuvieron reuniones con el interbloque de Unión por la Patria en el Senado, encabezado por José Mayans y Juliana Di Tullio, con la presencia de todos los senadores de ese espacio, para acordar una estrategia parlamentaria en rechazo al proyecto.

En su pronunciamiento, las dos centrales obreras remarcaron que el proyecto oficial pretende transferir al Estado los costos de despido, desfinanciar el sistema previsional y permitir un “manejo más flexible” de las relaciones laborales por parte de los empleadores, lo que, en su análisis, constituye un retroceso de décadas en materia de protecciones laborales. Además, los líderes de las CTA alertaron sobre el impacto en trabajadores y trabajadoras informales y en jóvenes que recién se incorporan al mercado laboral.
El mensaje concluye con un llamado a sostener unidad sindical y a defender los derechos colectivos ante lo que consideran una avanzada del Gobierno sobre el marco histórico de regulaciones laborales que garantizan estabilidad, negociación colectiva y protección frente a abusos empresariales. En ese sentido, las CTA plantearon que el rechazo no se limitará al plano institucional, sino que incluirá acciones en la calle y presencia activa en el debate parlamentario.





