domingo, agosto 14, 2022

Cultivaban cannabis medicinal y ahora viven un verdadero infierno: “Siguen deteniendo gente”

Se trata de Sergio “Pidu” Mauceri y Milena Kenf, quienes desde hace más de un año fueron allanados por la DDI.

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El 27 de julio de 2019, Sergio “Pidu” Mauceri sufrió un allanamiento por parte de la DDI en su domicilió de Pigüé y a partir de allí su vida dio un giro drástico. El joven y su pareja realizaban cultivo de cannabis con fines solidarios para destinar a las personas que lo necesitaban para tratar sus diferentes patologías.

“Estamos en situación de proceso, con una causa en un juzgado federal hace un año y medio, nos tiene limitados en todas las formas, no solo en el progreso del ámbito cannábico sino también a nivel del desarrollo personal, nos perjudica anímica y psicológicamente”, dijo el joven a Diputados Bonaerenses.

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Con el inicio del proceso judicial en su contra, la joven pareja se vio limitada al desarrollo de su vida como era hasta el momento, por eso dependen de la ayuda que pueda brindar el servicio social del municipio como de la solidaridad de sus compañeros en toda la provincia.

Es una situación de violencia institucional que no tiene fin, se demostró lo que somos, dimos la cara con nuestra agrupación, mostramos nuestro trabajo en el territorio, obtuvimos la personería jurídica, participamos en jornadas en el Congreso y aun así nos allanan”, relató Pidu.

Pese a que hace menos de un mes, el presidente Alberto Fernández dio a conocer la nueva reglamentación de la Ley Nacional de Cannabis Medicinal, la 27.350, que permite a los cultivadores que lo hacen con fines terapéuticos mantener la actividad previo a un registro único, las detenciones siguen.

En las últimas semanas, se dio la polémica detención de Daniel Tornello, conocido en las redes sociales como “Cara de Cannabis”, un cultivador de San Martín que tenía plantas para utilizar con fines terapéuticos para él y su esposa.

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Se sigue criminalizando a usuarios de cannabis, a pesar de la nueva reglamentación siguen siendo perseguidos por la 27.737, si no se modifica esa ley de fondo y no se reformula el artículo 77 del Código Penal, vamos a estar en la misma situación”, dijo Pablo Lema, abogado del Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas (FOCA) a Diputados Bonaerenses.

En ese orden, Pidu señaló que “aún se mantiene una hegemonía de poder de la Justicia que no acelera la necesidad del desarrollo, no solo nuestro, sino de la sociedad en general”.

 

 

El cultivador de Pigüé señaló que con su familia están atravesando un trauma que recién va a poder comenzar a repararse cuando él y Milena obtengan el sobreseimiento porque sostienen que se trata de una “persecución sin sentido”.

“Entendemos que no se toman los criterios básicos. Hablamos con el ministro de Salud, Ginés González García y le dijimos que en este contexto de lo que plantea la nueva reglamentación y que mantenemos una causa legal, dijo que va a salir de la esfera criminal, pero en el mientras tanto nos preguntamos qué vamos a hacer porque siguen deteniendo gente”, manifestó el joven.

Al día de hoy, la pareja se rige por la sentencia que recibió de la extitular del Juzgado de Garantías N° 1 de Bahía Blanca, Gilda Stemphelet, y gracias a eso pueden estar en su casa y no en una comisaría.

“Estamos en nuestra casa, sin poder progresar porque no podemos trabajar. El pueblo en el que vivimos nos dice que quieren que nuestro trabajo sea este, tenemos un factor limitante que es la causa penal y la ley de estupefacientes. A lo que se llama pobreza, nosotros lo llamamos violencia”, sentenció el activista.

 

 

Por último, Pidu y su familia manifestaron que mantienen el propósito y la misión de militar el cultivo solidario, así recordó que en una oportunidad dieron charlas durante unas jornadas científicas en el hospital zonal.

“Hablamos del cannabis y sus múltiples usos, beneficios y cero tasa de mortalidad, capacitando médicos y a la vez estaban viendo cómo criminalizarnos, fueron jornadas que hasta se declararon de interés legislativo en la Cámara de Diputados de la Provincia”, concluyó.

La historia de Pidu y Milena es otra más entre tantas que se manifiestan en la Provincia, desde las ONGs sostienen que hasta que no haya una clara modificación de las leyes vigentes, los cultivadores solidarios y terapéuticos van a seguir padeciendo la persecución policial y judicial.

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