A contramano de los indicadores exhibidos por el Gobierno bonaerense, el senador de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, presentó un proyecto para alertar sobre el aumento de los delitos violentos que atentan contra la vida, la integridad física y la libertad de las personas.
La iniciativa opositora insta al Ejecutivo que conduce Axel Kicillof a adoptar de forma urgente “medidas integrales en materia de prevención, investigación y respuesta institucional” frente a los delitos más graves registrados en el ámbito bonaerense. En particular, Curestis puso el acento en la situación que atraviesan los jóvenes de la provincia y en el avance de las modalidades delictivas cometidas con violencia.
El punto de partida del planteo libertario surge del relevamiento anual difundido hace algunas semanas por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Según los datos oficiales, durante el 2025 se iniciaron 1.035.350 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP), de las cuales 1.012.857 correspondieron al Fuero Criminal y Correccional y 22.493 al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
En términos agregados, las estadísticas exhibieron una caída del 6,4% en el fuero de adultos y una disminución del 0,9% en el juvenil respecto al año anterior. Sin embargo, Curestis sostuvo que esos indicadores generales no alcanzan para describir la complejidad del fenómeno delictivo, ya que el análisis desagregado de las causas revela un incremento sostenido en los delitos más violentos.
“Mientras bajan los delitos contra la propiedad —que explican la mayor parte de la reducción agregada— los delitos que comprometen la vida, la integridad física y la libertad de las personas muestran una tendencia contraria, sostenida y preocupante“, cristalizó el dirigente de la Tercera sección en los fundamentos de su presentación.
Sobre este punto, el legislador destacó que, durante 2025, se iniciaron 1.724 investigaciones por homicidio doloso en el Fuero Criminal y Correccional, lo que implicó un incremento del 1,1% respecto de 2024. Si bien los crímenes consumados disminuyeron en cantidad de víctimas (44 personas), las tentativas crecieron un 6,5%. Un dato que, para Curestis, refleja que la violencia letal persiste y aumenta en intensidad, aun cuando no siempre alcanza el resultado final.
“Las amenazas no son un dato menor en el análisis de la violencia: son el síntoma más extendido del clima de intimidación cotidiana que sufren los habitantes de la Provincia“, agregó el senador.
El expediente también alertó sobre la evolución de otros indicadores de relevancia, con un aumento del 11,9% en las lesiones culposas y una suba del 3,3% en las denuncias por intimidaciones durante el período relevado. No obstante, uno de los datos más significativos surge de los delitos contra la integridad sexual, que escalaron un 16,9% durante el último año.
Este aumento se explicó, fundamentalmente, por la proliferación de investigaciones vinculadas con la producción y comercialización de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales y con múltiples casos de grooming, conductas que despertaron una especial preocupación en el expediente.
“Se trata de modalidades delictivas que se desarrollan en entornos digitales, que afectan de manera directa y grave a niñas, niños y adolescentes, y que exigen una respuesta institucional específica tanto en materia de investigación penal como de prevención y educación digital“, reclamó el propio Curestis.
A pesar de la baja general en las estadísticas delictivas, el dato que el legislador de la oposición calificó como más alarmante apareció dentro de las cifras del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Si bien el total de causas iniciadas en ese ámbito descendió un 0,9%, los homicidios dolosos protagonizados por menores de edad crecieron un 20,5%.
En el mismo fuero, los delitos contra la libertad se incrementaron un 12,2%, a partir del crecimiento del 16% en las amenazas, mientras que el abuso sexual con acceso carnal aumentó un 10,9%.
“La violencia, en sus formas más graves, tiene en la provincia de Buenos Aires un rostro cada vez más joven“, advirtió el representante de LLA, quien utilizó esta definición para reforzar la necesidad de desplegar políticas específicas orientadas a la prevención temprana, como la reforma del Régimen Penal Juvenil.
Por último, Curestis apeló al artículo 12 de la Constitución bonaerense, que consagra el derecho a la seguridad personal, y abogó por que sus pares del Senado acompañen su prerrogativa frente al escenario reflejado en las estadísticas oficiales.
“El mandato constitucional no se agota en la reducción de indicadores estadísticos agregados: exige que el Estado provincial garantice efectivamente la vida, la integridad y la libertad de sus habitantes“, concluyó el legislador.
