El titular del bloque de diputados bonaerenses de la Coalición Cívica (CC), Andrés de Leo, presentó en las últimas horas un pedido de informes para que la administración de Axel Kicillof explique las causas y consecuencias del conflicto gremial que tiene paralizada la Dirección de Catastro de la Agencia de Recaudación (ARBA).
“Presentamos un pedido de informes para el Gobierno explique qué está pasando en la Dirección Provincial de Catastro Territorial, prácticamente paralizada desde hace meses por medidas de fuerza, detrás de cada expediente frenado hay familias, profesionales, municipios y vecinos que necesitan que el Estado funcione”, advirtió De Leo.
Es que, la Gerencia General de Catastro de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), que encabeza Cristian Girard, se encuentra en vilo desde fines de febrero, a partir de una medida de fuerza de los empleados estatales que reclaman mejoras salariales.
En efecto, la modalidad del paro es particular porque no se trata de una suspensión total de tareas, sino de una retención escalonada que limita la aprobación diaria de estados parcelarios a solo 18 para toda la provincia, es decir, la gerencia que valida planos y registra estados parcelarios, trabaja a un cuarto de su capacidad.
“Lo único que se está gestionando son los estados parcelarios de unidades funcionales departamentos que no tienen ningún tipo de ampliación, están ‘limpios’ y se tramitan por sistema, el resto se encuentran detenidos”, explicaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que comanda Rodolfo Aguiar.
En ese marco, De Leo solicitó que la administración de Kicillof informe cuál es la situación actual del conflicto gremial y administrativo que afecta áreas esenciales dependientes de ARBA, y que también indique que dependencias se encuentran alcanzadas por las retenciones de tareas.
Además, el lilito pidió que se precise la cantidad de expedientes, trámites y actuaciones administrativas que se encuentran demoradas como consecuencia del conflicto referido, cuál es actualmente el tiempo promedio de demora de los tramites, y si el Estado implementó medidas de contingencia frente a esta situación.
“Debe tenerse presente que la paralización o demora significativa de actuaciones catastrales genera consecuencias concretas y directas sobre particulares, empresas, municipios y organismos públicos, afectando operaciones de toda índole como inmobiliarias, escrituraciones, desarrollos urbanísticos, entre otros”, señaló De Leo.
En esa línea, el diputado bonaerense remarcó que la persistencia de este tipo de conflictos podría derivar en perjuicios económicos para la provincia de Buenos Aires, no sólo por la afectación de la actividad inmobiliaria y de inversión privada, sino también por eventuales demoras en procesos de valuación, registración y actualización de información territorial con incidencia fiscal y administrativa.
En ese contexto, el legislador remarcó que “resulta indispensable que el Poder Ejecutivo provincial informe con claridad cuál es el verdadero alcance de la situación denunciada, qué áreas concretas se encuentran afectadas, el volumen de los tramites demorados y las medidas de contingencia que se adoptaron”.
“El acceso a dicha información resulta fundamental para el adecuado ejercicio de las funciones de control que corresponden a esta Honorable Cámara y para evaluar el eventual impacto institucional, económico y administrativo derivado de la situación planteada”, concluyó De Leo, en los considerandos del texto.
Cabe destacar que, el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA) también apuntó contra la administración bonaerense por el conflicto gremial en al Agencia de Catastro de ARBA, tras señalar que el escenario actual implica un “bloqueo directo a su derecho constitucional de trabajar”, dado que las tareas de mensura, base del ordenamiento territorial y de seguridad jurídica para los ciudadanos, se encuentran en un estado de “detención burocrática”.
Ante este panorama, los representantes del Colegio señalaron que la falta de aprobación de planos y la ausencia de registración de estados parcelarios impiden que los profesionales concluyan sus trabajos, lo que afecta de forma directa sus ingresos y su credibilidad frente a los clientes.
Asimismo, las autoridades profesionales indicaron que el problema genera consecuencias sobre el conjunto del mercado inmobiliario, al describir una “onda expansiva” que se traslada a múltiples operaciones. “Los ingenieros del CIPBA y la sociedad bonaerense en su conjunto no pueden seguir pagando el costo de la ineficiencia de funcionarios y sindicalistas que una vez más desatienden los intereses de la sociedad para seguir una agenda propia electoral”, concluyeron.
De Leo pide explicaciones a Kicillof por la paralización de la Dirección de Catastro de ARBA: proyecto completo
