El titular del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados bonaerense, Andrés De Leo, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para modificar el régimen de instalación y funcionamiento de los radares en la provincia de Buenos Aires.
En la iniciativa, el legislador bahiense propuso que las fotomultas tengan una finalidad estrictamente preventiva y estén respaldadas por criterios técnicos, controles periódicos y mayor transparencia.
“Esta exigencia persigue una doble finalidad: mejorar la calidad de las decisiones públicas en materia de seguridad vial e impedir que la selección de los puntos de fiscalización responda a criterios discrecionales o recaudatorios”, recalcó el diputado provincial.
Para De Leo, la recaudación por infracciones no debe confundirse con el objetivo de una política pública, las multas son una consecuencia de incumplir las normas y no pueden convertirse en una herramienta pensada principalmente para generar ingresos.
Por ello, el legislador solicitó que sean anuladas las infracciones labradas por radares que no cumplan con la normativa propuesta. “Basta de radares tramposos, los controles tienen que prevenir, no recaudar”, resaltó.
En rigor, el proyecto propone modificar la Ley 13.927 para establecer requisitos precisos para la instalación de radares y otros sistemas de fiscalización de infracciones de tránsito, tanto en zonas urbanas como rurales.
Además, De Leo insta a reforzar los controles sobre el funcionamiento de los equipos: los cinemómetros deberán contar con la correspondiente homologación y tendrán que someterse a verificaciones metrológicas y técnicas con una periodicidad máxima de seis meses.
A su vez, la autoridad de aplicación deberá mantener actualizado un registro público con la ubicación de los radares, número de serie, autorización de emplazamiento y certificaciones vigentes.
Otro de los ejes centrales es la señalización obligatoria. Los controles de velocidad deberán estar advertidos con cartelería visible y uniforme, ubicada al menos 500 metros antes del punto de medición.
También deberá estar claramente indicado el límite de velocidad vigente y, cuando corresponda, las reducciones deberán realizarse de manera gradual y progresiva.
El proyecto también otorga un plazo de 90 días a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial para adecuar los cinemómetros existentes a las nuevas exigencias.
“Los controles de velocidad son necesarios, pero deben funcionar como verdaderos instrumentos de prevención, la tecnología tiene que estar al servicio de la seguridad vial, con reglas claras, transparencia y controles que permitan garantizar que cada radar esté donde realmente hace falta”, concluyó De Leo en la iniciativa.
