En la semana del 8M, la diputada bonaerense de Unión por la Patria, Silvina Nardini, aprovechó el día de la mujer para presentar un proyecto de ley para que se incorpore la paridad de género en la elección de los Defensores Generales y Adjuntos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que actualmente cuenta con una nómina de autoridades exclusivamente masculina.
El proyecto es una reproducción de la iniciativa que presentó en 2023 la ahora exlegisladora Susana González que, al igual que Nardini, milita en el Frente Grande y responde al intendente de Ensenada, Mario Secco. La propuesta había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en 2024, pero en 2025 perdió estado parlamentario y quedó en el olvido.
La propuesta modifica los artículos 1° y 2° de la Ley 13.834 o Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, con el objetivo de garantizar que la integración de los ocho cargos que acompañan al Defensor titular se componga por un 50% de mujeres y un 50% de varones.
En tanto, la iniciativa también incorpora criterios de transparencia en el proceso de selección, con audiencias públicas y un registro abierto de candidaturas, al tiempo que propone que la Comisión Bicameral que interviene en la designación respete la paridad de género y publique los antecedentes de los postulantes en los sitios web oficiales.
A través de los fundamentos, la diputada ensenadense recordó que la provincia de Buenos Aires cuenta con marcos normativos de paridad de género en la política, como la Ley 14.848 que estableció la equidad en las listas electorales, por lo que dispuso que “resultaría coherente extender ese principio a los organismos constitucionales”.
En ese marco, el texto enfatiza que la participación igualitaria en los cargos jerárquicos constituye un derecho humano reconocido y un compromiso asumido por Argentina en los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional. “La Defensoría del Pueblo debe ser un ejemplo en materia de igualdad y una referencia institucional para el resto de los poderes del Estado”, fundamentó González.
Vale precisar que la Defensoría del Pueblo bonaerense, creada por el artículo 55 de la Constitución provincial, tiene como función garantizar derechos de los habitantes frente a los actos, omisiones o arbitrariedades de la administración estatal y empresas de servicios públicos. Entre sus áreas, el organismo público incluye la defensa de derechos sociales, ambientales, humanos y de los usuarios de salud.
Actualmente la Defensoría del Pueblo bonaerense es liderada por Guido Lorenzino, y por el defensor adjunto Walter Matello, el defensor adjunto general, Luis María Ferella, el adjunto en Derechos Sociales, Eduardo Ancona, el adjunto en Servicios y Obras Públicas, Gerardo Ontivero, y el adjunto en Relaciones Internacionales, Marcelo Rubén López.
La grilla enteramente masculina de la Defensoría del Pueblo bonaerense se completa con el defensor adjunto en Derechos Humanos, Martín Ignacio Brignoli, el adjunto en Usuarios de Servicios de Salud, Marcelo Enrique Honores, y el adjunto en Ambiente y Asociaciones Civiles, Ángel Domingo García.
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Lógicamente, La Libertad Avanza se opuso a la propuesta de Susana González durante su tratamiento en el recinto. Inclusive, unos meses después el por entonces diputado Guillermo Castello presentó un proyecto para directamente derogar la ley de paridad de género en el armado de listas electorales.
“El proyecto procura continuar con la defensa de instituciones republicanas y democráticas como la libertad del voto, la igualdad ante la ley, la no discriminación, la idoneidad como única exigencia para ingresar al empleo público, el derecho a elegir y ser elegido, todo lo cual no es más que la defensa irrestricta del principio constitucional de soberanía popular”, puntualizó el diputado bonaerense.
En los fundamentos de la iniciativa, Castello remarcó que la ley de Paridad de Género viola el principio de soberanía popular propio de la forma republicana de gobierno que la Constitución Nacional adopta en sus artículos 1 y 37. “Obliga a los partidos políticos intervinientes a desplazar candidatos con mayor legitimidad popular y en mejores condiciones de interpretar la voluntad del pueblo, al solo efecto de cumplir con una paridad artificialmente impuesta”, añadió.
Justamente, durante la votación de su proyecto, Susana González se refirió a esta postura del bloque libertario, que terminó materializándose en el texto parlamentario de Castello. “Se discutió mucho en la comisión porque muchas veces las normas que establecen discriminaciones positivas no son bien tomadas por el resto porque ellos dicen que ponemos un techo. No están mal las medidas de discriminación positiva, lo que está mal es que tengamos que establecer leyes para que las mujeres tengan su lugar”, sentenció la ahora titular del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata.
