El juez del Tribunal Oral Federal N°5, Daniel Obligado, denunció penalmente a los diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) que visitaron recientemente, en el penal de Ezeiza, a represores condenados por delitos de lesa humanidad, llevados a cabo durante la última dictadura cívico militar.
Sin embargo, la denuncia efectuada salpicó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ya que la misma incluye al Servicio Penitenciario Federal (SPF), que no supo explicar la visita a los represores, y que además demoró los informes sobre la “visita humanitaria” de los legisladores libertarios.
Es que, las explicaciones que ofreció la cartera a cargo de Patricia Bullrich incluyeron oficios en los que evitaban nombrar a los implicados en la visita a represores y respuestas que incluían a diputados que ni siquiera habían entrado al penal de Ezeiza.
En detalle, cuando trascendió que los diputados de LLA visitaron a un grupo de represores, entre los que se encuentran Alfredo Astiz, Raúl Guglieminetti y Carlos Suárez Mason, Obligado solicitó a Bullrich informes de manera urgente para esclarecer el viaje. No obstante, la funcionaria esperó casi una semana para responder.
Mientras que, en paralelo, Bullrich se pronunció en los medios de comunicación a favor de los diputados nacionales, y atacó al juez federal, Alejandro Slokar, el magistrado que ordenó a Obligado a investigar, acusándolo de no tener “la misma vara para todos”.
En concreto, Bullrich se manifestó sobre la reunión entre diputados libertarios y represores durante su visita a Mendoza, y deslizó la necesidad de discutir sobre la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a los condenados por delitos de lesa humanidad.
“El tema en este sentido es la igualdad ante la ley. Es decir, a los 70 años las personas que están condenadas y que han cometido todo tipo de delitos, asesinatos, crímenes de todo tipo, pueden salir”, comentó Bullrich y agregó: “En el caso de los delitos de lesa humanidad, uno ve personas de 90 años con enfermedades terribles que están en la cárcel”.
En esa línea, sobre la visita a represores, la Ministra comentó que “la versión que tienen ellos es otra. Fueron a un pabellón y en ese pabellón estaban estos detenidos“. “Yo no iría a visitarlos, pero ¿hay alguna prohibición para visitar a tal o cual detenido? Yo creo que no, se tienen que hacer cargo los que lo hicieron”, añadió.
Tras las incendiarias declaraciones, la respuesta sobre el informe finalmente llegó al Tribunal Oral Federal N°5, aunque sin las firmas de Bullrich ni de Fernando Martínez, el titular del Servicio Penitenciario, quien intentó mantenerse fuera del radar luego de que el organizador de la visita a represores lo calificara como un “excelente colaborador” en un chat filtrado, lo que confirma la implicación de la Ministra.
Es preciso señalar que, los chats filtrados también revelaron que el diputado entrerriano, Beltrán Benedit, reivindicaba el viaje y apuntaba a profundizar los vínculos con los represores. Incluso, en esa clave, ya había realizado varias visitas a la Unidad 31 y la Unidad 34 de Campo de Mayo.
En este contexto, el juez Daniel Obligado presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción sobre el penal de Ezeiza, y que quedó en manos del magistrado Ernesto Kreplak.
Visita a represores: UxP juntan los votos para sancionar a los diputados
En paralelo a las presentaciones judiciales, diputados de Unión por la Patria (UxP) se embarcaron en negociaciones para reunir los votos de la oposición dialoguista con el fin de sancionar a los legisladores nacionales libertarios que visitaron a represores.
En concreto, se trata de los diputados libertarios Guillermo Montenegro, Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci, Lourdes Arrieta y Alida Ferreyra, que visitaron a un grupo de represores detenidos en el penal de Ezeiza, entre los que se encuentran Alfredo Astiz, Raúl Guglieminetti y Carlos Suárez Mason.
Según se supo, los diputados libertarios charlaron sobre distintas estrategias para conseguir la prisión domiciliaria de los represores. Además de los mencionados, estuvieron Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el “Pájaro” Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, el uruguayo Juan Manuel Cordero, Mario “el Cura” Marcote, Miguel Angel Britos y Adolfo Donda.
En ese contexto, diputados nacionales de UxP solicitaron al presidente de la Cámara Baja, a cargo de Martín Menem, constituir una comisión especial para “evaluar la conducta de los legisladores”, y reprenderlos llegado al caso. Ante ello, este jueves, se conoció que el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) acompañará el proyecto para sancionar a los legisladores que visitaron represores.
De esta manera, con los 99 votos de UxP, más los 34 de la UCR y los legisladores del bloque de la izquierda, el kirchnerismo ya tiene el número suficiente para constituir la comisión. Sin embargo, podrían sumarse más votos, ya que el PRO anunció que no protegerá a los libertarios, mientras que la Coalición Cívica (CC) aún delibera su postura ante la visita de los represores.
