En las últimas horas, los diputados nacionales de Unión por la Patria, Máximo Kirchner y Sergio Palazzo, junto al senador Eduardo “Wado” de Pedro, anunciaron que impulsarán una audiencia entre el Ministerio de Trabajo bonaerense y los empleados de la empresa Georgalos, quienes reclaman su reincorporación tras haber sido despedidos por adherirse a una huelga gremial.
La iniciativa se formalizó luego de una reunión en el Congreso con representantes del personal afectado, donde los legisladores de Unión por la Patria manifestaron su respaldo al reclamo y se comprometieron a interceder ante la cartera laboral provincial, a cargo de Walter Correa, para que se convoque una audiencia formal.
Es que, los trabajadores denunciaron que los despidos en Georgalos fueron ejecutados de forma ilegal, y exigieron que se aplique la normativa vigente para su anulación, ya que según cuentan, la empresa avanzó con los despidos a pesar de estar vigente una conciliación obligatoria, lo que constituiría una infracción.
Uno de los casos mencionados en la reunión fue el de Diego Ciani, quien aseguró que fue cesanteado por participar de un paro convocado por el Sindicato de la Alimentación. “El derecho a huelga está garantizado por la Constitución, no puede ser causa de despido”, subrayó, mientras los trabajadores pedían que el Estado bonaerense haga valer sus facultades legales.
Los representantes sindicales también advirtieron que las promesas de sanción a la empresa que podría aplicar el Ministerio de Trabajo no resuelven el problema de fondo, aunque desde la cartera encabezada por Correa adelantaron la posibilidad de aplicar una multa por el incumplimiento de la conciliación obligatoria, y los trabajadores señalaron que lo que se necesita es revertir las cesantías, no solo castigarlas económicamente.
En esa línea, los trabajadores que se reunieron con Máximo Kirchner, Palazzo y Wado de Pedro afirmaron que el Ministerio bonaerense “tiene todas las herramientas” para frenar los despidos ilegales y garantizar la estabilidad laboral, al tiempo que acusaron a la empresa de “actuar con impunidad” y aseguraron que hasta ahora “hizo lo que quiso”, por lo que exigen una respuesta concreta y urgente del Estado provincial.
En este sentido, el acompañamiento de figuras centrales de Unión por la Patria como Máximo Kirchner representa un respaldo político clave en la disputa, y se da en el marco de una creciente conflictividad laboral en distintos sectores industriales del país, que cada día ven más avasallados sus derechos.
Además, el respaldo de los legisladores de La Cámpora a los trabajadores de Georgalos, se da en el marco de la creciente tensión entre Máximo Kirchner y los líderes del kicillofismo, confirmada por el propio ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, que aumenta a medida que avanza el armado de las listas para las elecciones del próximo 7 de septiembre.
Por el momento, la audiencia entre los trabajadores de Georgalos y el Ministerio de Trabajo no tiene fecha confirmada, pero se espera que sea convocada a la brevedad. Mientras tanto, los empleados despedidos continúan con las acciones gremiales y jurídicas para defender sus derechos, mientras denuncian la falta de garantías por parte de la empresa.
Georgalos: los trabajadores apuntaron contra el Gobierno bonaerense por la pasividad para resolver el conflicto
Es preciso mencionar que, hace exactamente una semana, los trabajadores de Georgalos le reclamaron al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al titular de la cartera laboral, Walter Correa, que tomen medidas concretas y urgentes para resolver el conflicto de los despidos.
“Vamos a exigir la intervención del Ministerio. Georgalos no puede venir, hacerse cargo de la planta y después echarte de un plumazo. Es una locura”, remarcó el Maximiliano Montero, uno de los despedido en diálogo con Diputados Bonaerenses.
Es que, en el marco de la conciliación obligatoria, el Ministerio que conduce Correa intimó a la empresa de golosinas a reincorporar a los despedidos. Sin embargo, desde Georgalos no acataron la resolución, y los trabajadores exigen una intervención más firme por parte del Gobierno bonaerense. “Sólo intimaron en papeles, pero no obligaron a nada. Se están violando nuestros derechos constitucionales”, advirtió el operario.
Montero aseguró que la empresa recurrió a una justificación falsa para sostener los despidos, luego de considerar que hace alrededor de 33 días los trabajadores están con el conflicto y la empresa no demostró “ninguna causa ni penalidad sobre los hechos violentos que ahora nos acusa”. “Hay una inconsistencia enorme”, señaló.
