El bloque de diputados bonaerenses de Acuerdo Cívico UCR-GEN elevó en las últimas horas un proyecto para manifestar su preocupación por el “proceso de desmantelamiento y recorte presupuestario” que el Gobierno nacional impulsa en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En ese sentido, el bloque legislativo presidido por Matías Civale alertó por la reducción presupuestaria del 36% que atravesó el INTA desde finales de 2023 hasta comienzos de 2025, una situación que debilitó el normal funcionamiento del organismo, como así también en riesgo la continuidad de 1.500 puestos de trabajo.
En marzo de este año, el Consejo Directivo del INTA aprobó una reforma que debilitó la Dirección Nacional al quitarle facultades clave y crear una coordinación dependiente directamente del presidente del Consejo. Esa media fue denunciada por los gremios como una “intervención encubierta” promovida desde el Ministerio de Economía nacional.
En paralelo, desde Casa Rosada avanzan en la elaboración de un decreto con cambios en la gobernanza y en la autarquía del organismo, entre otros puntos. No obstante, y tras las quejas de varios sectores del agro, el gobierno de Javier Milei aún no puso fecha sobre la fecha de publicación.
“La labor del INTA resulta un pilar clave en la promoción de una agricultura con enfoque social, sustentable y con fuerte arraigo local, en especial en el trabajo cotidiano con productores locales, cooperativas, familias rurales, actores centrales de un ecosistema productivo que sostienen a las economías regionales”, manifestaron los diputados bonaerenses de Acuerdo Cívico.
En ese sentido, los legisladores radicales y del GEN precisaron que el organismo público descentralizado, que se dedica a la innovación tecnológica para el sector agroalimentario y agroindustrial, tiene una “significativa presencia en la provincia de Buenos Aires, con dos centros regionales, seis estaciones agropecuarias y más de 40 agencias de Extensión Rural (AER)”.
Según indicaron desde el bloque, el plan de reestructuración implementado por el Gobierno nacional “ha llevado al cierre de 41 agencias de extensión en todo el país”, lo que afectó localidades bonaerenses como Zárate, San Nicolás, Baradero, General Villegas, Pehuajó y Lincoln.
“La combinación de recortes presupuestarios, reestructuración interna, cierres de agencias y posibles fusiones amenaza con desmantelar un organismo clave para el desarrollo rural y la soberanía alimentaria de nuestro país”, argumentaron los diputados bonaerenses de Acuerdo Cívico.
Por último, el proyecto firmado por los siete legisladores que integran la bancada legislativa sostiene que “debilitar al INTA no sólo es un retroceso institucional, sino también un atentado contra el futuro productivo del país, ya que se afecta directamente la posibilidad de generar soluciones propias, de innovar con conocimiento y de formar profesionales comprometidos con las realidades de sus territorios”.
Es preciso señalar que, en la Legislatura bonaerense se presentaron varios proyectos en la misma sintonía de preocupación por el desguace del INTA, entre ellos de la bancada de la Coalición Cívica y de UCR + Cambio Federal, a lo que también se le sumó las advertencias al Gobierno nacional que realizaron las entidades que conforman la Mesa de Enlace.
