Los diputados bonaerenses del bloque de la UCR-Unión Cívica Radical presentaron un pedido de informes para conocer el estado y funcionamiento de los centros de salud mental de la provincia de Buenos Aires, dedicados al abordaje de los consumos problemáticos.
Según explicaron los legisladores boina blanca, a lo largo de más de tres décadas, los Centros Provinciales de Atención (CPA) se consolidaron como dispositivos territoriales de cercanía, brindando contención, orientación, tratamiento y articulación comunitaria en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.
“Su presencia resulta esencial para garantizar el acceso a políticas públicas de salud y prevención, especialmente en el interior de la provincia, donde constituyen muchas veces el principal recurso especializado para el abordaje de los consumos problemáticos”, alegaron los diputados bonaerenses.
Sin embargo, la titular del bloque Alejandra Lordén, el diputado Valentín Miranda y su par Priscila Minnaard advirtieron que existen numerosos antecedentes en cuanto a dificultades operativas registradas en los centros de salud mental que ponen de manifiesto la necesidad de contar con información actualizada sobre su funcionamiento.
Frente a este escenario, los legisladores solicitaron al Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud bonaerense, que informe si los centros de salud mental cuentan con personal suficiente, tareas debidamente asignadas y condiciones adecuadas para garantizar una prestación eficiente y sostenida del servicio.
La iniciativa también pide conocer cuántos centros de salud mental funcionan en la actualidad, qué modalidades de atención brindan, cuáles son los últimos registros que se tienen sobre inicio y finalización de tratamientos, así como el estado de conservación de los edificios de los mismos.
El texto exige además datos sobre las principales demandas que reciben los centros de salud mental, así como el porcentaje que ocupan en las consultas las problemáticas de ludopatía digital y apuestas online en la población infanto – juvenil.
“El acceso a la información es una de las medidas preventivas más importantes porque permite ajustar políticas públicas ante la evidencia y los datos reales, permite la estratificación del riesgo y el diseño de intervenciones preventivas específicas”, concluyeron los diputados radicales en los considerandos de la iniciativa.
