La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados bonaerense le dio el primer dictamen favorable el proyecto de la diputada, Natalia Sánchez Jáuregui (Partido Fe), para implementar las capacitaciones obligatorias de la Ley Micaela en las centrales de trabajadoras y trabajadores.
Durante el encuentro de la comisión de Trabajo de Diputados la presidenta del cuerpo, Soledad Alonso (Frente de Todos), explicó que la iniciativa que busca aplicar la Ley Micaela en sindicatos sufrió algunas modificaciones vinculadas a la redacción y a la técnica legislativas, en sus artículos 1 y 2.
“Creemos fundamental el apoyo a este proyecto con el desafío de que se cumpla en el territorio“, remarcó Alonso en diálogo con Diputados Bonaerenses y añadió: “Es un proyecto muy importante, la violencia de género y laboral se siguen reproduciendo en el sindicalismo”.
“Si no es ley no se va a garantizar que quede como derecho para todos los trabajadores y trabajadoras, no es sólo luchar la ley, sino que se reglamente y se empiece a hacer efectiva en el ámbito del movimiento obrero”, señaló Alonso que, como Sánchez Jáuregui, proviene del sindicalismo.
El proyecto de ley determina que el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires se encargará de su aplicación y fiscalización, impartiendo los lineamientos y contenido de los cursos.
Sánchez Jauregui explicó que la iniciativa “busca que sus agentes puedan prevenir y luchar contra la violencia de género en sus ámbitos laborales” y afirmó que “la capacitación abarcaría a todo el personal de las organizaciones gremiales de la provincia de Buenos Aires sin distinción respecto de su jerarquía”.
“Debemos generar acciones que modifiquen el día a día de las personas, en este caso las trabajadoras y los trabajadores de las asociaciones gremiales recibirán esta capacitación vital para que nuestra sociedad sea más justa y equitativa, porque aún existe diferencia en todos los espacios de decisión y también en el sindical”, marcó Sánchez Jáuregui.
“La ley es un acto de memoria y justicia feminista: se llama Micaela por Micaela García, una joven de 21 años que fue asesinada en Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Desde su promulgación, todas las provincias han adherido”, concluyó Sánchez Jáuregui.
