En medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y los fuegos cruzados por el recorte en discapacidad, diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) comenzaron conversaciones con aliados para llevar al recinto una nueva una ley de emergencia. La novedad terminó generando la renuncia del ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches.
“Esta casi todo listo, mantuvimos reuniones con las áreas de discapacidad y salud, con Economía y con Legal y Técnica y acordamos los lineamientos básicos, ahora estamos en conversaciones con los aliados para terminar de pulir el texto”, adelantaron desde LLA.
Las negociaciones se dan en un contexto por demás álgido para el oficialismo, no solo porque los aliados se le retobaron al momento de apoyar las modificaciones, sino porque este lunes se produjo la renuncia del secretario de Discapacidad. Si bien desde el Ejecutivo nacional alegaron que la decisión se debió a “motivos personales”, la razón principal es el ajuste contra la ANDIS mostrado en el Presupuesto 2027.
Ante este panorama, el oficialismo busca cerrar una de las controversias más sensibles que surgieron tras el envío de la “Ley de Leyes” al Congreso, en un tema donde hasta sus socios habituales como los radicales y el PRO advirtieron que no acompañarán modificaciones que impliquen una reducción de derechos o un deterioro de las prestaciones. Incluso, hasta la titular del bloque en el Senado nacional, Patricia Bullrich, mostró su descontento por la decisión de recortar en la ANDIS.
Uno de los principales puntos de conflicto en el Presupuesto 2027 es la eliminación del nomenclador, algo fundamental para el sector de discapacidad porque establece los precios que deben cobrar los prestadores, obligando a las obras sociales y prepagas a abonar ese piso.
En el proyecto original, Ejecutivo nacional establece que el nomenclador se actualice de manera trimestral, fijado de manera discrecional la Secretaría de Discapacidad, cuando ahora, es mensual y atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Ante el aluvión de reproches, desde el oficialismo adelantaron en las últimas horas que están en tratativas con los aliados para que el nomenclador tenga un ajuste bimestral atado a la inflación, a fin de asegurar la aprobación de la “ley de leyes”.
Otro de los puntos centrales de la negociación es el acceso a las pensiones no contributivas: el Gobierno insiste en avanzar hacia criterios más restrictivos y reforzar los controles para su otorgamiento.
Por caso, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no implicará automáticamente el acceso al beneficio y se evaluará además el grado de afectación laboral y la situación socioeconómica del solicitante.
Sin embargo, desde la oposición dialoguista afirmaron que uno de los pedidos ya fue aceptado: la posibilidad de compatibilizar las pensiones con el empleo formal. El proyecto original enviado junto con el Presupuesto 2027 establecía incompatibilidad absoluta entre ambas situaciones, un punto que generó fuertes objeciones.
Kicillof puso en vigencia dos nuevas leyes para las personas con discapacidad
En medio de los fuegos cruzados por los recortes para el sector, el gobernador Axel kicillof promulgó dos leyes que la Legislatura bonaerense sancionó a fines de agosto, las cuales buscan fortalecer las políticas de protección para las personas con discapacidad, en una nueva jugada del mandatario para diferenciarse de la política nacional.
Las Leyes 15.622 y 15.624, que la Cámara de Diputados sancionó el pasado 27 de agosto, quedaron incorporadas formalmente al marco normativo provincial y comenzaron a regir el pasado jueves en todo el territorio bonaerense. La primera dispone la adhesión de la Provincia al Régimen Nacional de Empleo Protegido, previsto en la Ley 26.816, mientras que la segunda adhiere a la Ley Nacional 24.901, que creó el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.
En rigor, la iniciativa de Empleo Protegido, que impulsó originalmente la senadora de la UCR, Nerina Neumann, permitirá ampliar el financiamiento y la asistencia técnica para las más de 4.800 personas con discapacidad que se desempeñan bajo esta modalidad dentro de la provincia de Buenos Aires.
Con la promulgación de la nueva medida, el Estado provincial podrá acceder a recursos financieros, técnicos y organizativos previstos por el régimen federal. Este respaldo permitirá fortalecer a los organismos que generan oportunidades laborales para personas con discapacidad y ampliar las herramientas destinadas a sostener su inclusión en el mercado de trabajo.
La normativa también apunta a mejorar el acceso, la permanencia y el desarrollo de este colectivo en empleos protegidos o regulares, tanto en el ámbito público como privado. Para ello, el régimen contempla tres modalidades de inserción: los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo, los Talleres Protegidos de Producción y los Grupos Laborales Protegidos.
La otra ley que ya cobró vigencia a partir de su reconocimiento oficial es una iniciativa del senador camporista Emmanuel González Santalla, garantiza una cobertura integral destinada a atender las necesidades de las personas con discapacidad mediante prestaciones de prevención, asistencia, habilitación, rehabilitación, promoción y protección, con respuestas adecuadas y especializadas para cada situación.
