A través del Boletín Oficial, el gobierno de Axel Kicillof formalizó este jueves la promulgación de dos leyes que la Legislatura bonaerense sancionó a fines de agosto, que buscan fortalecer las políticas de protección para las personas con discapacidad.
Las Leyes 15.622 y 15.624, que la Cámara de Diputados sancionó el pasado 27 de agosto, quedaron incorporadas formalmente al marco normativo provincial y comenzaron a regir este jueves en todo el territorio bonaerense. La primera dispone la adhesión de la Provincia al Régimen Nacional de Empleo Protegido, previsto en la Ley 26.816, mientras que la segunda adhiere a la Ley Nacional 24.901, que creó el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.
En rigor, la iniciativa de Empleo Protegido, que impulsó originalmente la senadora de la UCR, Nerina Neumann, permitirá ampliar el financiamiento y la asistencia técnica para las más de 4.800 personas con discapacidad que se desempeñan bajo esta modalidad dentro de la provincia de Buenos Aires.
Durante el debate parlamentario, la impulsora del proyecto definió la iniciativa como una “decisión política” destinada a saldar una deuda histórica con los trabajadores de los talleres protegidos. Además, Neumann destacó que la adhesión al régimen permitirá articular políticas públicas con Nación y mejorar las condiciones laborales de quienes se desempeñan en las más de 170 unidades distribuidas en distintas localidades bonaerenses.
Con la promulgación de la nueva medida, el Estado provincial podrá acceder a recursos financieros, técnicos y organizativos previstos por el régimen federal. Este respaldo permitirá fortalecer a los organismos que generan oportunidades laborales para personas con discapacidad y ampliar las herramientas destinadas a sostener su inclusión en el mercado de trabajo.
La normativa también apunta a mejorar el acceso, la permanencia y el desarrollo de este colectivo en empleos protegidos o regulares, tanto en el ámbito público como privado. Para ello, el régimen contempla tres modalidades de inserción: los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo, los Talleres Protegidos de Producción y los Grupos Laborales Protegidos.
Cada modalidad prevé distintos mecanismos de capacitación, asistencia técnica y adaptación laboral para favorecer la autonomía y la integración de las personas con discapacidad. En tanto, el esquema también procura que los trabajadores desarrollen aptitudes y competencias acordes a los requerimientos de los mercados laborales locales.
En la actualidad, el marco nacional vigente establece que los trabajadores de los talleres protegidos deben percibir una prestación equivalente al 40% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM). La gestión de Javier Milei comenzó a aplicar ese esquema a partir de una orden judicial que lo obligó a reconocer la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego del veto dispuesto por el Ejecutivo nacional.
Kicillof también formalizó la adhesión al régimen de atención integral para personas con discapacidad
La otra ley que ya cobró vigencia a partir de su reconocimiento oficial es una iniciativa del senador camporista Emmanuel González Santalla, que también establece la adhesión de la provincia de Buenos Aires, en este caso al Sistema de Prestaciones Básicas de Habilitación y Rehabilitación Integral, con disposiciones específicas para quienes no cuentan con cobertura de obra social.
La regulación nacional garantiza una cobertura integral destinada a atender las necesidades de las personas con discapacidad mediante prestaciones de prevención, asistencia, habilitación, rehabilitación, promoción y protección, con respuestas adecuadas y especializadas para cada situación.
De acuerdo con la normativa vigente, las obras sociales deben cubrir la totalidad de las prestaciones previstas para sus afiliados, mientras que el Estado debe garantizar el acceso a quienes no tengan cobertura y carezcan de recursos para afrontar los costos. En tanto, el régimen también establece mecanismos de financiamiento diferenciados según la situación previsional, laboral o asistencial de cada beneficiario.
Finalmente, la medida también contempla un amplio conjunto de prestaciones y servicios adaptados al tipo y grado de discapacidad, así como a las necesidades particulares de cada persona. La reglamentación prevé posibles alternativas para quienes no puedan permanecer junto a su familia, entre ellas residencias, pequeños hogares y hogares especializados.
