En la antesala de la sesión convocada para este jueves en la Cámara de Diputados bonaerense, el bloque UCR – Unión Cívica Radical que integran Alejandra Lordén, Valentín Miranda y Priscila Minnaard salió a respaldar el reclamo de los intendentes para que los municipios puedan disponer libremente una parte de los recursos provinciales, pero pidieron que cualquier modificación debe garantizar una distribución automática y por el Coeficiente Único de Distribución (CUD).
A través de un comunicado, la bancada de la UCR fijó posición en medio de la discusión que atraviesa a la Legislatura bonaerense por el destino del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, creado junto con la Ley de Endeudamiento sancionada a fines de 2025.
En este sentido, los legisladores de la UCR coincidieron con la necesidad de otorgar mayor flexibilidad a los municipios para afrontar gastos corrientes, salarios y servicios esenciales, pero rechazaron cualquier mecanismo que habilite una distribución discrecional de los recursos.
“Los recursos destinados a los municipios deben distribuirse de manera automática mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y contar con libre disponibilidad para cada gobierno local”, señalaron desde el bloque que preside la diputada Alejandra Lordén.
El posicionamiento del radicalismo disidente llegó en momentos en que un sector del oficialismo y la oposición buscan delinear un proyecto para habilitar que el 30% de los fondos originalmente destinados a proyectos específicos pueda utilizarse para atender urgencias financieras de las comunas.
Sin embargo, una de las diferencias que persisten en la negociación pasa por quién definirá el destino de esos recursos. Mientras que la iniciativa que podría desembarcar este jueves en el recinto contempla la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, desde la bancada de la UCR consideran que los fondos deben girarse directamente a los municipios mediante los criterios ya establecidos por ley.
“Creemos que son los intendentes y los concejos deliberantes quienes mejor conocen las prioridades de sus comunidades y quienes deben decidir si esos fondos se destinan a salarios, servicios esenciales, equipamiento, obras o inversión social”, argumentaron los diputados bonaerenses de la UCR.
En ese sentido, los legisladores de la UCR sostuvieron que la Provincia debe limitarse a garantizar una distribución equitativa de los recursos, mientras que las administraciones locales deben conservar la autonomía necesaria para determinar su utilización.
“La discusión que hoy atraviesa la Legislatura bonaerense debe servir para fortalecer el municipalismo, no para profundizar mecanismos de dependencia política”, remarcaron desde la UCR, en una definición que fue leída como una advertencia frente a la posibilidad de que la asignación de fondos quede sujeta a decisiones políticas.
UCR: la controversia por el reparto del 30% de los fondos municipales
La controversia gira alrededor del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. La normativa vigente estableció que el 70% de los recursos se distribuya automáticamente a través del CUD, mientras que el 30% restante quede condicionado a la presentación de proyectos específicos por parte de los municipios.
En las últimas semanas, el gobernador Axel Kicillof y un amplio grupo de intendentes comenzaron a impulsar cambios en ese esquema ante la caída de la recaudación y las dificultades financieras que atraviesan las comunas. El objetivo es que esos fondos también puedan utilizarse para cubrir gastos corrientes y obligaciones salariales.
No obstante, detrás de la discusión técnica aparece una puja política de fondo. Mientras que el sector del radicalismo abadista promueve reforzar los mecanismos de control sobre los recursos, otros reclaman que los municipios reciban los fondos de manera automática y sin condicionamientos. En ese escenario, la UCR de Lordén y Miranda fijó una posición intermedia: acompañar la libre disponibilidad, pero con un reparto atado exclusivamente al CUD para evitar que los recursos queden sujetos a negociaciones o afinidades políticas.
