Este miércoles, la oposición logró que la Cámara de Diputados apruebe el emplazamiento para que las comisiones avancen con los proyectos vinculados al endeudamiento y la morosidad de las familias, además de la prórroga de la emergencia en discapacidad. La victoria surgió luego de que La Libertad Avanza cambiara su estrategia parlamentaria y bajara al recinto para aportar al quórum, al ver imposible evitar la audiencia legislativa.
Cabe señalar que, la sesión fue impulsada por Unión por la Patria y otros bloques opositores al Ejecutivo de Javier Milei, que buscaban emplazar a las comisiones y establecer un cronograma para el debate, una avanzada que en los últimos días había sumado el respaldo de diputados vinculados a gobernadores y de otros espacios del centro, pese a las gestiones de la Casa Rosada para evitar que esos legisladores facilitaran el quórum.
Hasta último momento, el Gobierno intentó desactivar la convocatoria mediante la habilitación del debate en las comisiones que controla y conversaciones con gobernadores, pero ante la posibilidad de que la oposición consiguiera igualmente abrir el recinto, La Libertad Avanza decidió participar de la sesión y acompañar el avance de las iniciativas. En el caso del endeudamiento, tendrán reuniones de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor los martes 15 y 22 de septiembre a las 14, con el objetivo de emitir dictamen el martes 29.
Por caso, el giro inesperado que tomó el oficialismo dejó desmarcados a los bloques aliados de La Libertad Avanza que habían acompañado hasta entonces la estrategia de no dar quórum en Diputados, y generó reproches dentro de esos espacios. Desde la Unión Cívica Radical (UCR) cuestionaron el acuerdo al señalar que los dirigentes cercanos al Gobierno deberían explicar “por qué acordaron con la oposición y resignaron hablar del costo fiscal de los proyectos”.
En ese sentido, uno de los principales puntos de discusión quedó centrado en las comisiones que deberán intervenir en las iniciativas sobre morosidad, ya que los bloques opositores pretenden concentrar el debate en Finanzas y Defensa del Consumidor, mientras que La Libertad Avanza presiona para incorporar también a Presupuesto y Hacienda.
Por su parte, el PRO también bajó al recinto, pese a que había resuelto no acompañar la apertura de la sesión, y debió explicar su posición frente al cambio de estrategia de La Libertad Avanza. Desde el bloque amarillo, deslizaron diferencias frente a la extensión de la emergencia en discapacidad y reclamaron al oficialismo que “presente un cronograma claro de pago a los prestadores”.
Tras la aprobación del emplazamiento, el debate sobre el endeudamiento familiar continuará en las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, que se reunirán los martes 15 y 22 de septiembre con el objetivo de emitir dictamen el martes 29. El tratamiento deberá incluir cerca de 50 proyectos presentados por distintos bloques, que contemplan planes de refinanciación, quitas de intereses, límites a las tasas y mayores controles sobre bancos y fintech.
Entre las iniciativas que deberán ser contempladas en el debate se encuentran medidas para regular las prácticas de cobranza, impedir el hostigamiento a los deudores y proteger las cuentas sueldo frente a embargos. En ese marco, el diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, sostuvo que el tratamiento deberá incluir los cerca de 50 proyectos presentados por los distintos bloques y afirmó: “Cuando uno baja un poco la bandera partidaria, termina ganando lugar lo que tiene que prevalecer siempre en este Congreso, que es la situación de la mesa de los argentinos, del no llegar a fin de mes”.
En contraposición, desde el oficialismo proponen abordar la problemática principalmente a partir de la “educación financiera”, y rechazan las iniciativas que tienen como eje principal establecer topes a las tasas de interés, bajo el argumento de que una regulación de ese tipo podría restringir la oferta de crédito porque llevaría a los bancos a dejar de prestar a los sectores considerados de mayor riesgo.
El segundo eje del debate en Diputados está vinculado con la prórroga de la emergencia en discapacidad, donde la oposición pretende emplazar a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para que establezcan una fecha de dictamen sobre el proyecto presentado por Juan Marino, de Unión por la Patria, que propone extender la norma hasta el 31 de diciembre de 2027.
Según los impulsores de la iniciativa y las organizaciones de discapacidad que participaron de su elaboración, la prórroga permitiría al Poder Ejecutivo conservar mayor flexibilidad para destinar recursos al financiamiento del sistema y, además, sostienen que el vencimiento de la emergencia no debería dejar sin efecto las modificaciones permanentes incorporadas por la ley, entre ellas la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones de acuerdo con la inflación.
Sobre ese eje, los libertarios aseguraron que “se esta cumpliendo con la ley y no tiene sentido que se prorrogue la emergencia”, por lo que pretenden que durante el debate de este proyecto en Comisiones se despache un texto que de garantías, pero que no se llame emergencia.
