El Gobierno nacional avanzará esta semana en la derogación de un puñado de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos durante la gestión de Cristina Kirchner y la de Alberto Fernández, referidos a la contratación estatal de pólizas de seguros, y otras vinculadas a las operatorias del Banco Nación e YPF.
En primer término, la administración del presidente Javier Milei derogaría el DNU 823/21que obliga a los ministerios y organismos del Estado a contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una situación que derivó en la imputación de Alberto Fernández por parte de la Justicia.
En detalle, la Justicia Federal investiga la participación y el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios de los contratos de servicios de seguros, entre los que figura Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria del expresidente.
Según denunció la fiscalía, en la relación entre cliente y operador del servicio (estatales ambos) “apareció la repetida participación de personas y empresas de la actividad privada, operando como ‘intermediarias’ y ‘organizadoras’”. Las empresas investigadas habrían percibido de Nación Seguros SA, en conjunto, un total de $ 2.782 millones.
En ese sentido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió a su equipo preparar la derogación del decreto. En abril de este año, la cartera comandada en ese entonces por Nicolás Posse dictó una resolución que prohibió la incorporación de los intermediarios con los seguros de los organismos públicos, pero no derogó el DNU.
En paralelo, el gobierno de Milei avanzaría esta semana en la derogación del Decreto 1187 firmado en julio de 2012 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, que obliga a que la administración pública nacional pague los salarios de sus empleados a través de del Banco Nación.
“Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional deberán implementar el pago de haberes al personal mediante el Banco Nación a través de la apertura de cajas de ahorro común, para cada uno de los agentes”, establece el DNU.
Asimismo, el Ejecutivo nacional agregaría a la lista de los DNU a derogar otra iniciativa implementada en 2012, por la cual la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales de las entidades públicas están obligadas a cargar nafta en la empresa estatal YPF.
Por último, otro DNU que dejará de tener vigencia con la nueva norma que piensa dictar Milei es el 1191/2012, que determina que todas las reparticiones nacionales compren sus pasajes de cabotaje y también sus vuelos al exterior a Aerolíneas Argentinas.
“Las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional deberán contratar con Aerolíneas Argentinas S.A los pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiaran”, remarca el DNU
Según precisaron desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, todas esas contrataciones de seguros, pago de haberes, y compra de pasajes y de combustibles deberán hacerse a partir de ahora “mediante licitaciones públicas” en las que podrá competir cualquier oferente.
