Docentes universitarios encabezan este martes un nuevo paro nacional por 24 horas en rechazo a la última propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional en la reunión paritaria, como así también en reclamo por la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida fue confirmada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios y replicada por los gremios CONADU, CTERA, CONADU Histórica y UDA, entre otros quienes calificaron de “insuficiente “provocación” la oferta de aumento del Gobierno nacional elevada en la última reunión paritaria.
“El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”, indicaron desde la CONADU Histórica.
Desde las federaciones universitarias nacionales calculan que la deuda que tiene el Estado con las y los trabajadores es de un valor equivalente a cuatro salarios completos del mes de julio de 2026.
Según adelantaron los docentes universitarios, en las próximas semanas avanzarán con otras medidas de fuerza contra la administración mileísta como clases públicas, un acto frente al Palacio Pizzurno y una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para los primeros días de octubre.
Las medidas también contemplan reclamos por un mayor presupuesto para las universidades, la Ciencia y la Tecnología y la recuperación de los salarios del sector. Los docentes sostienen que el planteo oficial no alcanza para compensar la pérdida acumulada.
Con relación a la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Universidad de Buenos Aires y ordenó al Ejecutivo Nacional ejecutar de forma inmediata las partidas previstas en la Ley.
Sin embargo, a pesar de que el juez federal Martín Cormick le dio al Ejecutivo nacional un plazo de tres días para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el oficialismo sigue sin efectivizar la normativa.
