Dolores Etchevehere declarará este viernes ante la Justicia entrerriana en la causa que se le inició por el delito de usurpación, luego de haber tomado y cedido la estancia familiar "Casa Nueva", en la localidad entrerriana de Santa Elena.
Según la investigación fiscal, Dolores tomó las instalaciones familiares, por lo que podría enfrentar una pena que va de seis meses a tres años de prisión por el delito de usurpación. "El delito que le imputan es un absurdo total", dijo uno de los abogados de Dolores, Facundo Taboada.
Además, fue detenida "luego de negarse a cumplir la decisión judicial" según la acusación, por lo que se le suma el delito de desobediencia, que estipula una pena de entre un mes y un año de prisión.
"Es una ridiculez porque es una discusión familiar. No hay usurpación ni desobediencia judicial", agregó Taboada, que también fue citado a declarar, y agregó: "Pero habrá que presentar papeles y otras cosas, que lo vamos a ir haciendo".
La jueza de Entre Ríos María Carolina Castagno había dispuesto para esta semana la declaración por videoconferencia, debido a la pandemia del coronavirus, en la causa que investiga los delitos de usurpación y desobediencia judicial contra Dolores.
Cabe recordar, que el juez subrogante de la ciudad de La Paz, Raúl Flores resolvió a mediados de octubre disponer medidas de protección en base a la Ley de Violencia de Género en beneficio de la menor de los tres hermanos Etchvehere.
Esas medidas que debían ser cumplidas por los tres hermanos varones, es decir, Luis Miguel, Juan Diego, Arturo Sebastián Etchevehere y por Leonor Marcial Barbero de Etchevehere por el plazo de 30 días, no solo fueron ignoradas sino desafiadas sin ninguna consecuencia para los ruralistas.
En su imputación, el fiscal de La Paz, Oscar Sobko, sostuvo que Dolores, junto a otras 40 personas, ingresó a la estancia familiar y exigió la entrega de las llaves, a través de amenazas e intimidaciones a los trabajadores del lugar, usurpando las instalaciones y realizando trabajos en la tierra.
Además, Sobko solicitó registros a la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas provincial y a la Inspección General de Justicia de la Nación para determinar si existe y quiénes integran "Las Margaritas" Sociedad Anónima, propietaria de los terrenos.
Luego de 14 días de conflicto, el pasado 29 de octubre la jueza dispuso el desalojo de la estancia, donde se encontraba Dolores Etchevehere junto a militantes del Proyecto Artigas, y ordenó el "reintegro en forma inmediata" del predio a los hermanos varones de la familia.
Tras el desalojo, la mujer fue escoltada por la policía hasta la salida del predio y trasladada a la Jefatura Departamental de Policía de La Paz, donde permaneció aprehendida hasta horas de la noche.