El exintendente de Pilar, Nicolás Ducoté, irá a juicio oral y público por la causa en la que está procesado por malversación de caudales públicos y violación de deberes de funcionario público en el manejo de fondos otorgados por la Nación a ese municipio.
En este sentido, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, rechazó la oposición a elevación a juicio presentada por la defensa del exjefe comunal macrista, declaró clausurada la instrucción de la causa y la elevó a juicio.
Cabe señalar que, en octubre del año pasado, la Cámara Federal de San Martín ratificó el procesamiento de Ducoté en un fallo que indicaba que se había encontrado “semiplena prueba para fundar prima facie la responsabilidad del nocente en el hecho que se le imputa”.
Ducoté había sido procesado sin prisión preventiva en julio pasado por Charvay, con embargo sobre sus bienes y prohibición de salir del país, y fue por ello que el exintendente decidió recurrir la decisión ante la Cámara Federal.
Vale recordar que, la causa contra Ducoté se inició en 2019 con la denuncia de una concejal del municipio por administración fraudulenta de fondos recibidos de parte del Gobierno nacional, con Mauricio Macri a la cabeza.
La denuncia a Ducoté puso el foco sobre la construcción de una planta de efluentes cloacales y también sobre obras de infraestructura financiadas a través de convenios con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
De esta manera, la Justicia federal procesó al exintendente porque estima que hubo “pago de sobreprecios” y “erogaciones” por trabajos que no se concretaron en ambos barrios, y al mismo tiempo investiga si existió un direccionamiento del plan conocido como “microcréditos”, que debía ser utilizado para viviendas o infraestructura de gas y agua.
Es preciso mencionar que, Ducoté fue director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) entre 2000 y 2007, luego concejal en Pilar por el PRO, y en 2015 fue electo como intendente del municipio.
En el caso, se investigan irregularidades detectadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en tres convenios celebrados en 2016 por más de $460 millones de pesos ($ 460.829.737) para la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y en un plan de microcréditos para refacción de viviendas.
A través de los acuerdos analizados en los tres casos, el Gobierno nacional se había comprometido a efectuar el financiamiento de las obras que serían ejecutadas por el municipio pero la investigación determinó que, sin perjuicio de la aplicación de fondos, las obras “no habían sido ejecutadas conforme lo presupuestado o ejecutadas en su totalidad”.
