El diputado bonaerense de Derecha Popular, Juan José Esper, presentó en las últimas horas un proyecto para blindar a los profesionales de la salud que ejerzan la objeción de conciencia y evitar que sean sancionados por negarse a intervenir en prácticas médicas por motivos éticos, morales o religiosos.
La iniciativa pretende que ningún profesional de la salud matriculado en suelo bonaerense sea objeto de sanciones disciplinarias, apercibimientos, exclusión de padrones ni perjuicios en sus incumbencias laborales o profesionales por parte de la entidad de colegiación obligatoria, en virtud del ejercicio legítimo de su libertad de conciencia.
Según advirtió Esper, en el último tiempo se observó con profunda preocupación cómo diversas entidades colegiadas, haciendo un uso desmedido del poder de policía delegado por el Estado, emiten comunicados y resoluciones corporativas que pretenden imponer directivas técnicas y éticas obligatorias a sus matriculados, avasallando derechos fundamentales individuales.
Al respecto, el legislador recalcó que la libertad de conciencia y de culto de todo ciudadano, especialmente de los profesionales de la salud, se encuentra resguardada por el artículo N° 14 de la Constitución Nacional y por los principales tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica.
Por lo tanto, Esper subrayó que la delegación del control de la matrícula y la ética profesional en personas jurídicas de derecho público no estatal, como los Colegios Profesionales, no constituye bajo ningún punto de vista un cheque en blanco para el establecimiento de prerrogativas absolutas o persecuciones veladas.
“Las instituciones corporativas deben recordar que su función primordial es velar por la jerarquización de la profesión y el correcto ejercicio técnico, subordinándose siempre al ordenamiento jurídico supremo y respetando pluralidad y la libertad de sus miembros”, enfatizó Esper.
En ese sentido, el diputado bonaerense señaló que permitir que un comunicado o resolución interna de un Consejo Superior actúe como un tribunal de disciplina implícito sobre las convicciones de los trabajadores de la salud significa vulnerar la seguridad jurídica y degradar las instituciones de la provincia de Buenos Aires.
“Es indispensable fijar límites legislativos claros que impidan el uso de herramientas administrativas para restringir derechos civiles consagrados, por todo ello y con el fin de resguardar el derecho a la vida, la libertad y la objeción de conciencia de quienes cuidan la salud de los bonaerenses, solicitó que acompañen este proyecto”, concluyó Esper en la iniciativa.
