El presidente de la Nación, Alberto Fernández, salió aclarar que su intención no es incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, sino que el Poder Ejecutivo no cuenta con los recursos para cumplirlo y adelantó que enviará un proyecto al Congreso para que defina de dónde saldrán los fondos.
“Nosotros nunca dijimos que no la queremos cumplir. Dijimos que no tenemos los recursos”, afirmó en las últimas horas Alberto Fernández y agregó: “Tenemos que ir al Congreso y que el Congreso nos diga de dónde salen los recursos. En caso contrario, tendría que malversar recursos y sacar la plata de otro lado. ¿Quieren que saque la plata de los comedores, de la Gendarmería, de los jubilados, de donde?”.
Paso seguido el primer mandatario explicó que “el fallo de la Corte no es una sentencia definitiva, sino una cautelar y por eso corresponde la recusación y solicitar una segunda instancia”. “Como establece el Pacto de San José de Costa Rica, tenemos derecho a una apelación”, afirmó.
En los próximos días, el Gobierno nacional presentará acciones judiciales y políticas para hacer frente al fallo de la Corte que le quita recursos económicos al Estado nacional para entregarlos a la Ciudad de Buenos Aires. En concreto, el máximo tribunal avaló la medida cautelar interpuesta por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta para que se le aumente la coparticipación del 2,32% al 2,95%.
En esa línea de razonamiento jurídico se inscribe la decisión de presentar el recurso “in extremis” que recusa a los ministros de la Corte para que otro tribunal realice la revisión del fallo. “Como la Corte es el tribunal originario, la apelación debería ser evaluada por los conjueces de la Corte, que en su mayoría son camaristas de distintas provincias”, detalló Alberto Fernández.
El inicio del conflicto se dio durante la administración de Mauricio Macri cuando subió la cuota porteña de coparticipación del 1.40% al 3.75%. Tiempo después, en septiembre de 2020, el presidente Alberto Fernández, dictó un decreto en el cual redujo en 1 punto el porcentaje del fondo para la ciudad de Buenos Aires.
“La decisión altera la asignación de recursos previstos en el presupuesto, y el presupuesto es una ley emitida por el Parlamento”, advirtió el jefe de Estado, que recibió el respaldo de 14 gobernadores para hacer frente al fallo de Corte que considera de “imposible cumplimiento”.
El dictamen provisorio de la Corte fue considerado por el Frente de Todos como “un atentado al federalismo, la democracia y la República”, mientras que desde la oposición ya denunciaron al Presidente y sus funcionarios por desacatar la medida cautelar.
Fue la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, la primera en presentar una denuncia penal contra Alberto Fernández en las primeras horas del viernes por desobedecer el fallo del tribunal de justicia. También el legislador liberal de la Ciudad de Buenos Aires Roberto García Moritán formuló una presentación judicial por “eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada”.
Vale mencionar, que la denuncia de Carrió también apunta al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y al ministro de Economía, Sergio Massa, por los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El escrito judicial contra Alberto Fernández y funcionarios de su Gabinete lleva las firmas del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, el jefe de diputados nacionales del partido, Juan Manuel López, y las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad, Paula Oliveto y Mariana Zuvic. En tanto, la acusación de los libertarios, fue firmada por el abogado Yamil Santoro y Moritán.
