El fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la restitución del 2,95% de la masa coparticipable para la Ciudad de Buenos Aires volvió abrir la grieta entre las principales fuerzas políticas de la Argentina y la Legislatura bonaerense fue un fiel reflejo de las disputas partidarias.
Desde el miércoles, cuando el máximo tribunal de justicia le dio la razón al gobierno porteño y dictó una cautelar para que el Poder Ejecutivo comience a girar los fondos de coparticipación que habían sido recortados en 2020 por la administración de Alberto Fernández, comenzaron a encenderse los cruces entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Sin embargo, las tensiones fueron en aumento luego de la reunión del jueves entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y los gobernadores peronistas, donde se acordó desoír la cautelar interpuesta por la Corte Suprema y recusar a los jueces por una supuesta imparcialidad.
Las respuestas no tardaron en llegar desde la Legislatura bonaerense. Esta mañana los diputados y senadores de Juntos salieron a replicar el comunicado de sus pares nacionales donde señalan que no se puede elegir entre cumplir o no con la Constitución.
“Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. No vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La Ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo”, apuntaron en el escrito que fue difundido por la tropa de legisladores bonaerenses de Juntos.
En este sentido, la diputada del radicalismo Alejandra Lordén sostuvo que “desde el punto de vista constitucional, el desconocimiento del fallo de la Corte Suprema por parte del Gobierno es una afrenta directa a la división de poderes”. “En términos políticos, es una prueba más de la desorientación total del presidente y los gobernadores del PJ”, escribió en su cuenta personal de Twitter.
“Exponen a todo el país a una situación de incertidumbre que no tiene razón de ser. Con argumentos inconexos y forzados pretenden hacer pasar este atropello a la Constitución como una patriada contra el lawfare. No vamos a permitir que destruyan a la Argentina”, sentenció la parlamentaria.
Su par en la Cámara baja, Anahí Bilbao, también expresó por medio de la red social del pajarito que “es inaceptable que el Gobierno no acate el fallo de la Corte que suspende la quita de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. “Un retroceso para la división de poderes y para la democracia argentina”, advirtió.
Asimismo, el diputado platense del Pro Daniel Lipovetzky remarcó que “desconocer un fallo de la Corte Suprema pone en riesgo la República, no vamos a permitir que se destruya la seguridad jurídica de la Nación”. “Las sentencias no se discuten, se cumplen”, afirmó.
“Estamos en manos de un Gobierno totalmente irresponsable. Que Alberto Fernández desacate el fallo de la Corte es una muestra más de que al Kirchnerismo no le importa la Constitución ni la Democracia. Con esto, sólo generan más incertidumbre y menos seguridad jurídica para el país”, agregó el diputado del Pro, Juan Carrara.
Desde el Senado bonaerense, la vicepresidenta del Comité Provincia de la UCR Érica Revilla enfatizó que “la decisión de Alberto Fernández de no acatar un fallo de la Corte es un atropello al orden institucional y a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”. “Una vez más, el kirchnerismo atenta contra la democracia y el federalismo”, criticó.
Vale recordar, que el inicio del conflicto se dio durante la administración de Mauricio Macri cuando subió la cuota porteña de coparticipación del 1.40% al 3.75%. Tiempo después, en septiembre de 2020, el presidente Alberto Fernández, dictó un decreto en el cual redujo en 1 punto el porcentaje del fondo para la ciudad de Buenos Aires.
Ante este escenario, el máximo tribunal de justicia no resolvió la cuestión de fondo sino que, por el momento, avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.
El fallo judicial fue considerado por el Frente de Todos como “un atentado al federalismo, la democracia y la República”. “La Corte firmó su aporte de campaña para el macrismo y desfinanció al resto de las provincias argentinas”, evaluaron los diputados peronistas.
“La Ciudad había recibido recursos de la Nación por un decreto de Mauricio Macri. Fue una entrega discrecional. Este fallo avasalla las atribuciones del Ejecutivo y ratifica el privilegio de la Capital Federal sobre el resto de las provincias“, declaró la presidenta del bloque del oficialismo en la Senado bonaerense, Teresa García.
Por su parte, el senador del Movimiento Arraigo Francisco Durañona consideró que el fallo de la Corte Suprema “es técnicamente es impecable”. “Constitucionalmente es absolutamente reprochable porque viola groseramente el art. 75, inc 2, párrafo 3, y es contradictorio con la exigencia de acuerdo entre jurisdicciones”, afirmó.
Sin embargo, esta mañana Duraroña agregó en su cuenta personal de Twitter que “no acatar un fallo judicial, nunca puede ser una opción”. “Hay muchas otras posibilidades dentro del menú del sistema democrático e institucional argentino”, tuiteó.
Por último, la legisladora María Reigada dijo que “el fallo de la Corte accede ante los reclamos de Rodríguez Larreta para refinanciar a la jurisdicción que tiene mayor poder recaudatorio, en detrimento del resto de las provincias y de la jurisdicción nacional”.
Durante las primeras horas de este viernes, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta adelantó que denunciará a cada funcionario responsable del incumplimiento de la medida cautelar interpuesta por la Corte Suprema. Además, el precandidato a presidente señaló que el bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso está analizando otras acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el estado de Derecho.
