La diputada del radicalismo, Nazarena Mesías, presentó un proyecto de solicitud de informes para que la gestión de Axel Kicillof de explicaciones por el protocolo que permitió desde el inicio de la pandemia de coronavirus la utilización de teléfonos celulares por parte de los reclusos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una iniciativa que viene a complementar el pedido de sus pares del Pro Matías Ranzini, Alex Campbell, Juan Carrara y Johanna Panebianco, para derogar la norma que habilitó el uso de la telefonía celular en los penitenciarios bonaerenses desde marzo del 2020.
En este sentido, la diputada Mesías señaló que “hoy podemos observar en distintas redes sociales como los delincuentes utilizan estos dispositivos para subir contenido desde sus celdas, e incluso para delinquir a través de llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp”.
Según cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense, las subas interanuales los delitos virtuales, estafas y extorciones fueron considerables a lo largo de la última década. Se pasó de 15.711 expedientes por estafa en 2020 a 27.919 en 2021, 12.208 denuncias de diferencia, es decir un 77,7% más de casos.
Por este motivo, Mesías requirió explicaciones sobre el “seguimiento que se realizó sobre los celulares que se habilitaron y qué hicieron los delincuentes con ellos”. “Siendo que se han incrementado de forma notoria los hechos de inseguridad sufridos por todos los vecinos que habitamos el territorio provincial”, señaló.
El Protocolo de uso de celulares en cárceles bonaerenses, entró en vigencia en marzo de 2020, luego de la aplicación de las restricciones por la pandemia de coronavirus, con la intención de que los internos, ante la imposibilidad de tener visitas, puedan contactarse con sus familiares y no pierdan toda relación con sus allegados.
El Tribunal de Casación Penal estimaba que el permiso estaría vigente mientras se prolongara el aislamiento obligatorio ordenado por el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus. Además, instó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense a crear un protocolo normativo.
Al inicio de la pandemia, unos 4.500 celulares fueron registrados por los presos alojados en unidades penitenciarias bonaerenses, y algo más del 10% de los 44.000 internos que hay entre las cárceles y alcaidías, blanquearon ante las autoridades penitenciarias los celulares que ya tenían en sus celdas o adquirieron a partir de esta disposición.
“Teniendo en cuenta que el mencionado protocolo establece que los beneficios acordados tendrán vigencia por el tiempo que dure la emergencia declarada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el DNU 297/2020 y sus prorrogas y siendo que el mismo ha finalizado hace prácticamente un año, se solicita saber cuál es la fundamentación legal que sustenta dicho beneficio”, agregó la legisladora lanusense en los fundamentos del proyecto de solicitud de informes.
Dentro de los requerimientos de Mesias, se destaca el pedido por conocer la cifra exacta de dispositivos móviles, los que fueron denunciados penalmente por estar vinculados a estafas o delitos informáticos, cantidad de allanamientos en Unidades Penitenciarias Bonaerenses para secuestrar teléfonos celulares, y las medidas de seguridad adoptadas para controlar el uso irrestrictos de ellos.
