El Gobierno nacional de Javier Milei formalizó este mismo jueves la homologación de la emergencia agropecuaria en la provincia de Buenos Aires, con lo que se pone en marcha la asistencia federal para zonas rurales afectadas por las inundaciones, a más de cuatro meses de que el Ejecutivo provincial declarara el estado crítico.
Mediante la Resolución 1305/2025 firmada por el titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario entre el 1º de marzo y el 31 de agosto de 2025, aplicable a los mismos doce municipios que había incluido la Provincia en el decreto de mayo: Puan, Tornquist, Nueve de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez.
Con esta homologación, organismos nacionales como el Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estarán facultados para desplegar beneficios concretos para paliar la emergencia agropecuaria en la provincia de Buenos Aires, como líneas de crédito, facilidades impositivas y asistencia financiera, que habían quedado demorados hasta el día de hoy.
En tanto, autoridades locales, como en el caso de 9 de Julio, ya habían advertido que la emergencia agropecuaria debía extenderse hasta marzo de 2026 debido a que las condiciones climáticas continuaban deteriorándose, y los recursos actuales resultaban insuficientes para afrontar la crisis.
Mientras tanto, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, se reunió con la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, y un grupo de productores rurales afectados de esa zona, donde se registraron inundaciones que dejaron bajo agua el 50% del territorio, con caminos destrozados y accesos prácticamente cortados.
En ese sentido, Rodríguez confirmó que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ya había implementado acciones propias, como intervenciones de Vialidad e Hidráulica, pero admitió que “la situación se agravó” y anunció la creación de una mesa de trabajo conjunta para coordinar medidas de contención junto a municipios y productores.
Al mismo tiempo, el funcionario de Axel Kicillof no dejó pasar que el Gobierno nacional “está ausente” en la emergencia agropecuaria que mantiene en alerta a miles de pequeños y medianos productores de la provincia de Buenos Aires, mientras que la administración bonaerense “sigue actuando para paliar las consecuencias de la crisis”.
Emergencia agropecuaria: la Provincia y la Legislatura atendieron la crisis a tiempo
Es preciso mencionar que, la Legislatura bonaerense ya había dado pasos para enfrentar la emergencia agropecuaria antes de la homologación nacional. A fines de mayo, Kicillof firmó un decreto para declarar la emergencia en los mismos doce distritos afectados, conforme a la Ley 10.390, con efecto desde el 1º de marzo al 31 de agosto, habilitando así beneficios fiscales y financieros a escala provincial.
En paralelo, legisladores de la UCR + Cambio Federal reclamaron la extensión de la emergencia agropecuaria. La primera en expresarlo fue la diputada Belén Malaisi, que impulsó un proyecto para que la Provincia declare el estado de alerta en 25 de Mayo, Bolívar, Casares, Hipólito Irigoyen y 9 de Julio, al señalar que más de 700 mil hectáreas se encuentran inundadas.
Por su parte, el diputado bonaerense Valentín Miranda presentó otro proyecto para complementar el de su par en la Legislatura bonaerense, con el objetivo de que se incluyera en la extensión de la emergencia agropecuaria las localidades de Carlos Casares y Pehuajó.
En un caso puntual, la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile (PRO), solicitó la prórroga de la emergencia agropecuaria por seis meses más (hasta marzo de 2026), ante el agravamiento de la situación hídrica que impide recuperar caminos rurales y avanzar con la producción.
En tanto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) sumó su voz para advertir que más de 700 mil hectáreas del centro-oeste bonaerense están inundadas, con cifras alarmantes en Bolívar (100.123 ha), Carlos Casares (100.057 ha) y 9 de Julio (118.929 ha), lo que representa una amenaza sobre siembras de maíz y soja esenciales para el abastecimiento nacional.
