El Senado nacional inicia el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del proyecto de ley que fija criterios científicos para aplicar las restricciones sanitarias y así combatir la pandemia de coronavirus.
La discusión será mañana en un plenario de las comisiones de la Cámara de Senadores, con el objetivo de llevar el proyecto de ley denominado "Emergencia COVID" al recinto la semana próxima.
En ese marco, fuentes del bloque del Frente de Todos informaron que la reunión será convocada para las 10:00 horas por el sistema de videoconferencia, tmodalidad adoptada por el avance de la pandemia.
La decisión de un plenario entre ambas comisiones devino de un acuerdo entre los presidentes de la delegación de Salud, Mario Fiad, y de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnún.
De este modo, el Gobierno nacional pretende, tal como lo menciona en el proyecto ingresado ayer a la Cámara alta, que la iniciativa sea convertida en ley antes del 22 de mayo.
La urgencia por las fechas surge porque el próximo 21 de mayo caduca el alcance del último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández que dispuso restricciones a la circulación.
Antes, el mandatario tuvo que enfrentar un fuerte conflicto político con Juntos por el Cambio (JxC) por su decisión unilateral de suspender las clases presenciales desde el 18 hasta el 30 de abril en el AMBA, por la suba de contagios de coronavirus.
En su momento, Fernández recibió críticas por su decisión y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inició un amparo judicial ante la Corte Suprema de Justicia para no acatar el DNU Nº241, que establecía la cancelación de las clases.
Después la confrontación pública que se entendió por semanas, el Presidente anunció el viernes pasado que giraría al Senado un proyecto de ley que unifique un criterio para la aplicación de las restricciones y exima a su investidura de la obligación.
Con ese panorama, el expediente dispone un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para combatir el contagio de coronavirus al menos hasta el 31 de diciembre próximo.
A la par, la iniciativa presentada ayer en el Congreso tiene como finalidad "proteger la salud pública" y "establecer medidas sanitarias generales que se aplicarán en todo el país", según el texto.
Por otra parte, el proyecto que se debatirá mañana en plenario de comisiones reúne los criterios sostenidos en los DNU firmados por el Poder Ejecutivo desde el inicio de la pandemia.
Además, el texto hace hincapié en las reuniones sociales, el teletrabajo y el dictado de clases presenciales, aunque cada restricción debe ser consensuada con las autoridades provinciales, que serán quienes tomen las medidas, de aprobarse el proyecto.
Desde la oposición, el diputado nacional de JxC, Ricardo Burayle salió al cruce de la iniciativa y afirmó que es “groseramente inconstitucional” y que va “en contra de la educación” durante la pandemia.
Según la postura del legislador radical, la iniciativa del Gobierno, incluso si es aprobada "por unanimidad puede ser declarada inconstitucional". “La Corte Suprema falló y dijo que las autonomías provinciales no pueden ser violadas” sentenció Burayle.
Por su parte, y en defensa del proyecto, la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, explicó que el texto enviado por el Gobierno al Congreso "propone un esquema general con parámetros epidemiológicos y sanitarios muy precisos".
Sobre la acusación de la oposición respecto a que el texto otorga “superpoderes” al cargo del Presidente durante la pandemia, Ibarra negó que eso estuviera dentro de la iniciativa y afirmó que “el proyecto no pide más poderes, casi diría que es al revés”.
“Acá hay un proyecto de ley muy equilibrado y razonable en el marco de una pandemia que tensiona el sistema de salud”, destacó la Secretaria Legal y Técnica y agregó que se “proponen parámetros objetivos”.
Entre los indicadores que se incluyeron en la iniciativa, Ibarra remarcó que aparecen “número de contagios, velocidad de crecimiento de contagios y situación de camas de terapia intensiva”.
“Se dividen los lugares en bajo, mediano y alto riesgo epidemiológico y se establece un estado de alarma donde se ve afectado el sistema de salud”, aclaró la funcionaria y remarcó que “las medidas que se adopten deben chequearse en 20 días para ver si mejoraron las curvas epidemiológicas y recién allí puede intervenir el Gobierno”.
