El diputado de Fuerza Patria, Juan Malpeli, presentó un proyecto de ley para que el Ministerio Público de la Defensa cuente con autonomía orgánica, funcional, administrativa y presupuestaria respecto de la Procuración General, con el objetivo de garantizar mayor independencia para los defensores oficiales, fortalecer el acceso a la justicia y asegurar condiciones de “igualdad de armas” frente a quienes ejercen la acusación en los procesos judiciales.
El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires es el organismo del Poder Judicial bonaerense encargado principalmente de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Se divide en el Fiscal, integrado por fiscales que investiga delitos, impulsa las investigaciones penales y lleva las acusaciones ante los tribunales; y en el de la Defensa, compuesto por los defensores que garantizan la asistencia letrada para las personas que necesitan asesoramiento jurídico, especialmente en materia penal.
Tal como indica la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 189, la conducción general del organismo está a cargo del Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, hoy Julio Marcelo Conte-Grand. En su proyecto, Malpeli cuestiona que esa misma estructura cuente con facultades sobre la administración, el presupuesto y la disciplina de los defensores, y considera que puede generar una desigualdad entre quienes acusan y quienes deben garantizar la defensa de las personas.
“Esta superposición de funciones lesiona el principio internacional de ‘igualdad de armas’ y de debida defensa en juicio, garantizados en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional. Una defensa pública cuya subsistencia presupuestaria y administrativa depende de la misma estructura que la acusa, adolece de una debilidad estructural que afecta la calidad del sistema democrático”, expuso el legislador bonaerense en los fundamentos del proyecto.
Por eso, el diputado del peronismo propone que la Defensa Pública pase a funcionar como un área autónoma dentro del Ministerio Público, con una Defensoría General como máxima autoridad, encabezada por un Defensor o Defensora General y un Subdefensor o Subdefensora General. La nueva estructura tendría a su cargo la organización, dirección, disciplina, administración y representación institucional de la Defensa, mientras que la Procuración conservaría funciones generales y de coordinación en cuestiones comunes, como infraestructura compartida, sistemas informáticos, estadísticas y la elevación unificada del presupuesto.
En ese sentido, uno de los principales cambios que plantea la iniciativa de Malpeli es otorgarle al Ministerio Público de la Defensa autarquía financiera y un presupuesto diferenciado, cuya elaboración quedaría en manos de la Defensoría General. De esta forma, el Procurador General no podrá modificar el presupuesto unificado del Ministerio Público, como así tampoco podrá transferir o reasignar a otros fines los recursos asignados a la entidad.
La autonomía del Ministerio Público de la Defensa también alcanzaría a la gestión cotidiana del organismo, ya que la Defensoría General tendría a su cargo la administración de sus bienes, las contrataciones, la infraestructura, la incorporación de tecnología y la potestad disciplinaria sobre sus funcionarios y empleados. A su vez, las instrucciones generales que dicte la nueva conducción no podrían determinar la estrategia que un defensor debe adoptar en un caso concreto, ya que el proyecto establece que debe preservarse su independencia técnica y la voluntad e interés de la persona asistida.
Otro de los cambios centrales que propone Malpeli tiene que ver la creación de una Oficina Central de Peritos, Consultores Técnicos y Equipos Interdisciplinarios de la Defensa, con especialistas propios en áreas como medicina legal, psicología, psiquiatría, trabajo social, criminalística, informática forense y contabilidad forense, entre otras. El objetivo es que los defensores puedan contar con recursos científicos independientes para analizar las pruebas producidas por la acusación y generar sus propios elementos de convicción, sin depender de las fuerzas de seguridad, los organismos de investigación penal, el Ministerio Público Fiscal o la Procuración General.
“Este escrito recepta las lecciones de nuestra historia judicial y perfecciona la legislación bonaerense implementando el modelo tripartito, ya consagrado a nivel federal. Para ello, se dota a la Defensoría General de la Provincia de las herramientas presupuestarias y disciplinarias exclusivas, se crea la figura del Subdefensor General para una correcta apoyatura orgánica y se estipula la creación de una Oficina Central de Peritos propia, garantizando que la defensa cuente con laboratorios y científicos independientes de las fuerzas de seguridad y de los gabinetes fiscales”, señaló Malpeli en el proyecto.
Además, la propuesta que ingresó el legislador de La Plata contempla que el nuevo Ministerio Público de la Defensa esté especialmente orientado a garantizar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas personas mayores, con discapacidad, privadas de libertad, migrantes, en situación de pobreza, víctimas de violencia institucional o con padecimientos de salud mental, al tiempo que establece que el servicio deberá ser gratuito, especializado y con una cobertura territorial adecuada.
Para justificar la separación, el legislador recurrió a antecedentes judiciales nacionales e internacionales, como el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Ruano Torres y otros vs. El Salvador” de 2015, y una sentencia de la Suprema Corte bonaerense de 2019 vinculada con la Ley que creó el Cuerpo de Magistrados Suplentes del Ministerio Público, que según los fundamentos del proyecto reconoció que la Constitución provincial no obliga necesariamente a concentrar todas las funciones bajo una única estructura de conducción.
En última instancia, la iniciativa plantea un proceso de transición para trasladar recursos humanos, bienes y partidas presupuestarias hacia la nueva estructura, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores judiciales. Para controlar ese proceso, propone crear una Comisión Bicameral integrada por siete senadores y siete diputados, que debería constituirse dentro de los 30 días de promulgada la ley y tendría 180 días para elevar a la Legislatura un cronograma definitivo de transferencias.
“Es de destacar que esta iniciativa resguarda de manera absoluta la estabilidad, los haberes y los derechos adquiridos de los trabajadores judiciales, previendo una transición ordenada mediante una Comisión de Implementación con representación parlamentaria plural. A su vez, se realiza un cuidadoso encuadre jurídico sin alterar el texto constitucional, sino regulando el ejercicio convencional de sus funciones, determinando que la dirección del Ministerio Público no puede ser interpretada de forma regresiva para anular la autonomía de gestión indispensable de la defensa pública”, concluyó Malpeli.
