El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio recibió este miércoles al secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, en el marco del conflicto que atraviesa las empresas de transporte del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) con las cámaras empresariales, al no llegar a un acuerdo salarial.
Acompañado por el subsecretario de Transporte Terrestre, Julio Perdiguero, D’ Onofrio conversó con Fernández sobre la situación que atraviesa el sector y responsabilizó al gobierno nacional de Javier Milei por no reconocer el salario de los trabajadores “en la actualización que hacen de los costos”.
“Nación quiere minimizar el conflicto como una diferencia entre empresarios y trabajadores, pero no es así. El principal problema es que Milei y Caputo no quieren reconocer el valor del salario en la actualización de costos, hasta que eso no pase vamos a tener una disputa porque no garantizan los fondos”, sentenció el funcionario del gobierno de Axel Kicillof.
Es que, el ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, actualizó la estructura de subsidios de las empresas de transporte con los costos operativos relacionados al valor del combustible y material rodante. Sin embargo, entre los valores, la cartera no incorporó el sueldo pactado con los trabajadores de la UTA.
En concreto, el gremio de la UTA reclama que al sueldo básico de marzo se le incorpore el bono de $250.000 abonado en febrero, de manera que el salario total llegaría a $987.000, mientras tanto, las empresas de transporte afirman que no cuentan con fondos para abonar el aumento.
Por su parte, la Secretaría de Trabajo no reconoce el reclamo de la UTA, debido a que no hubo negociaciones paritarias firmadas para marzo, mientras que, las cámaras de transporte aseguran que les faltan $12.500 millones por parte del Estado.
Según trascendió, las cámaras de transporte señalaron que no quieren subsidios y que, “en todo caso, sea para el que realmente no pueda pagar, pero estamos muy lejos de la situación ideal”, a pesar de que cuentan con 50.000 trabajadores a los que les adeudan una parte de su salario.
“Los costos reales nos da un mínimo de $1000. Si el Gobierno eliminara todos los subsidios en el AMBA, el valor del boleto se iría a $1200 por 250.000 millones de pasajeros. Eso hace que no arreglemos con UTA. Reducimos frecuencias, pero entras en un círculo de deterioro progresivo porque subir la tarifa tiene un costo político muy alto”, explicaron las empresas.
Es preciso señalar que, según la advertencia de la UTA, que marcó como fecha límite el jueves 25 de abril, de no acreditarse los pagos llevarán adelante un nuevo paro de colectivos, mientras que el Gobierno anunció que sancionará a las empresas que bajaron su frecuencia con multas de $4 millones.
