Pese a que su nombre quedó en el centro de una causa judicial por presuntos sobreprecios, licitaciones amañadas y desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional volvió a contratar a la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, que reapareció en procesos de compra oficiales del Ministerio de Salud.
Es preciso mencionar que, la reaparición del laboratorio en el sistema de compras públicas se conoció a través del portal oficial Comprar, donde figuran dos procesos recientes impulsados por la cartera sanitaria que incluyen ofertas de Suizo Argentina junto a otros proveedores, una situación que se da luego de los audios atribuidos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que advierte sobre la existencia de un esquema de “discrecionalidad, direccionamiento, cartelización y sobreprecios” en el organismo.
El caso estalló en agosto pasado, cuando se difundieron audios adjudicados a Spagnuolo, entonces funcionario nacional y representante legal del presidente Javier Milei, en los que se describía un presunto sistema de corrupción que incluía licitaciones diseñadas a medida y desvío de fondos, con la droguería de la familia Kovalivker señalada como una de las principales beneficiarias.
Tras la difusión de esos audios, el Gobierno mantuvo un cerrojo de casi tres meses sobre Suizo Argentina, un período que se extendió durante 89 días desde el 22 de agosto hasta que el CUIT de la empresa volvió a aparecer en el sistema Comprar, un dato que llamó la atención si se tiene en cuenta que en poco más de un año y medio de gestión libertaria, el laboratorio había acumulado contrataciones por más de 100 mil millones de pesos.
Según un relevamiento, la empresa Suizo Argentina firmó acuerdos millonarios no solo con los ministerios de Salud, Seguridad y Defensa, sino también con PAMI y con Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), la obra social de las Fuerzas Armadas y de seguridad, lo que dimensiona el peso específico de la firma dentro del entramado de compras públicas.
Ahora, de acuerdo con información oficial, la droguería volvió a presentarse en una licitación del 15 de noviembre pasado abierta por el Ministerio de Salud para la provisión de insumos para hemodinamia infantil destinados al Hospital Posadas, que depende de la cartera conducida por Mario Lugones, un proceso en el que Suizo Argentina fue una de las dos firmas que superaron el primer filtro técnico y cuya oferta, por un monto de 250 millones de pesos, figura como “disponible para adjudicar”.
En paralelo, el nombre del laboratorio también aparece en otra licitación impulsada el 26 de diciembre para la adquisición de insumos para neurocirugía con aparatología a préstamo, un proceso que aún se encuentra “en evaluación”, y en el que Suizo Argentina ofertó casi 37 millones de pesos, logrando superar la primera instancia de análisis, sobre un total de diez oferentes.
En tanto, estas nuevas contrataciones se producen luego de que el fiscal Franco Picardi detallara en su dictamen las irregularidades detectadas en ANDIS, donde describió un funcionamiento atravesado por decisiones discrecionales, direccionamiento de procesos licitatorios y sobreprecios sistemáticos, con la participación central de determinados proveedores, entre ellos Suizo Argentina, lo que vuelve a poner bajo la lupa la decisión oficial de habilitar nuevamente a la empresa en compras públicas mientras la causa judicial continúa su curso.
La Justicia frenó el ajuste en ANDIS
En octubre pasado, la ANDIS quedó obligada a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas en los últimos meses, a partir de una medida cautelar de alcance nacional. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 12621/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.
El fallo fue dictado por el Juzgado Federal N°2 de Catamarca, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, que hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Defensor del Pueblo provincial, Dalmacio Mera. La resolución judicial ordena reactivar en un plazo de 24 horas todos los pagos interrumpidos desde 2024 y prohíbe avanzar con nuevas auditorías o suspensiones hasta que exista una sentencia definitiva.
En ese marco, la ANDIS deberá notificar a los beneficiarios alcanzados, asignar los fondos necesarios para cumplir con la orden judicial y comunicar la medida a la ANSES para garantizar la restitución inmediata de las prestaciones. El juez consideró que la suspensión de las pensiones afectó de manera homogénea a miles de personas con discapacidad en todo el país y aplicó la doctrina del caso “Halabi”, al tratarse de un derecho de incidencia colectiva.
La medida cautelar también se dio en un contexto de creciente conflictividad social, tras las protestas de familiares y prestadores en la sede de la ANDIS, que denunciaron recortes, demoras en los pagos y falta de respuestas oficiales. Las organizaciones que impulsaron las presentaciones judiciales advirtieron que las auditorías iniciadas en el 2024 carecieron de criterios públicos y protocolos claros, además de provocar la pérdida del beneficio para miles de personas sin ingresos alternativos.
