El diputado bonaerense del monobloque Derecha Popular, Juan José Esper, presentó su propio proyecto para habilitar la construcción, mantenimiento y gestión operativa de cárceles privadas en la provincia de Buenos Aires, mediante un esquema mixto de concesión con control estatal al que definió como un modelo de Participación Público-Privada (PPP).
“El Estado deja de ser un ‘constructor’ para pasar a ser un ‘comprador de servicios’, pagando solo por plaza disponible y ocupada, lo que garantiza estándares de mantenimiento que hoy el Estado no puede sostener”, argumentó Esper sobre el esquema que impulsa en la Legislatura bonaerense.
En ese marco, la propuesta del dirigente de la Primera sección establece que las concesiones privadas podrán abarcar el diseño, financiamiento y construcción de infraestructura penitenciaria, además de servicios de hotelería, alimentación, limpieza, salud y asistencia psicológica.
Asimismo, el articulado incorpora programas de capacitación laboral, reinserción y talleres industriales como parte de las tareas que quedarían bajo la órbita de la administración privada.
Bajo este esquema, Esper propuso dividir las funciones penitenciarias en dos estructuras diferenciadas, donde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) mantendría el control externo de los establecimientos, además de los traslados de detenidos. En paralelo, el personal civil contratado por las concesionarias quedaría a cargo de la seguridad interior, el tratamiento penitenciario y la administración cotidiana de las unidades.
Sin embargo, el proyecto de Esper fija límites explícitos sobre las funciones que no podrán delegarse. En primer lugar, el texto determina que el SPB conservará la custodia legal de los internos, la potestad disciplinaria máxima y la seguridad exterior de las unidades.
En la misma línea, el expediente también incorpora mecanismos de control externo sobre las cárceles concesionadas. En concreto, la iniciativa crea una Auditoría Externa de Cárceles Privadas que deberá supervisar de manera mensual el estado edilicio de las unidades, la calidad nutricional de los internos y los índices de reincidencia de las personas liberadas de esos establecimientos.
En tanto, el texto también fija estándares mínimos de habitabilidad y obliga a las concesionarias a cumplir tratados internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.), por lo que cualquier incumplimiento grave de estándares de bienestar o seguridad habilitará la rescisión inmediata del contrato sin indemnización para la empresa prestataria.
A través de los fundamentos del escrito, el exdiputado de La Libertad Avanza (LLA) justificó su propuesta en la necesidad urgente de construir nuevas unidades carcelarias frente a los altos niveles de hacinamiento que atraviesan las cárceles bonaerenses.
“Esta sobrepoblación anula cualquier intento de tratamiento penal, convirtiendo a las cárceles en ‘escuelas del delito’ financiadas por el contribuyente. El Estado ha demostrado ser un administrador ineficiente de la infraestructura, destinando recursos a parches edilicios que no solucionan el problema de fondo”, reclamó Esper.
Sobre este punto, el referente de San Miguel sostuvo que la construcción de penales mediante obra pública tradicional demanda “entre 5 y 8 años” por trabas burocráticas y problemas de financiamiento, mientras que el esquema PPP trasladaría al sector privado el riesgo financiero y operativo de las nuevas unidades penitenciarias.
Otro de los ejes centrales del proyecto apunta a la reincidencia delictiva, ya que, de acuerdo con el diagnóstico expuesto en el expediente, el servicio penitenciario mantiene índices cercanos al 45%, situación que el diputado libertario vinculó con la falta de infraestructura adecuada y de programas de inserción laboral dentro de las cárceles.
Ante este panorama, la propuesta parlamentaria incorpora un capítulo específico sobre reinserción social y obliga a las empresas concesionarias a acreditar convenios con firmas externas para garantizar oportunidades laborales a los internos una vez cumplida su condena.
“Al transformar el pabellón en un taller industrial, el interno genera sus propios recursos, ayuda a su familia y sale en libertad con un hábito laboral”, expresó Esper en los fundamentos de la iniciativa.
Finalmente, la iniciativa contempla la incorporación de nuevas tecnologías en las unidades penitenciarias concesionadas. Entre las herramientas mencionadas aparecen sistemas de monitoreo biométrico, inhibidores de señal para bloquear comunicaciones ilegales desde las celdas y escáneres corporales destinados a reemplazar requisas manuales.
Cabe destacar que la propuesta ingresó en la Legislatura bonaerense en medio de una creciente agenda parlamentaria vinculada a seguridad y política criminal, donde distintos sectores opositores comenzaron a impulsar reformas sobre el funcionamiento del sistema penitenciario provincial.
Las reformas en cárceles que debate la Legislatura bonaerense
En ese marco, la senadora de LLA, Florencia Arietto, ya había propuesto semanas atrás habilitar la participación del sector privado en la construcción y operación de unidades penitenciarias, aunque manteniendo bajo órbita estatal la seguridad, la vigilancia y el tratamiento de los detenidos.
Por su parte, el senador del PRO bonaerense, Alex Campbell, puso el foco en el uso de tecnología dentro de las cárceles y presentó un proyecto para prohibir celulares en unidades penitenciarias e instalar inhibidores de señal para bloquear comunicaciones ilegales. “En las cárceles de la provincia los presos siguen delinquiendo desde adentro”, cuestionó al difundir la iniciativa.
El representante “amarillo” sostuvo que los penales se transformaron en “call centers del delito” y reclamó mayores controles sobre pabellones, visitas y personal penitenciario para impedir el ingreso de dispositivos electrónicos.
Por último, el legislador provincial y exintendente de Junín, Pablo Petrecca, también sumó su proyecto para prohibir el uso de celulares, luego de haber sido víctima de un delito de deepfake presuntamente organizado por una banda que operaba desde el interior de un penal bonaerense. La iniciativa avanza en la misma dirección que una reciente medida adoptada por la administración libertaria a nivel nacional e incorpora la implementación de un Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS).
Según detalló el senador opositor de la Cuarta sección, el esquema reemplazaría los dispositivos privados por un sistema de comunicaciones controladas con contactos autorizados, bajo supervisión estatal. “Si no se actúa, las estafas siguen saliendo desde adentro. Es ahora”, concluyó Petrecca al elevar la presión sobre la gestión de Axel Kicillof.
