El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, cruzó este viernes a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por no aportar pruebas, luego de que la funcionaria tildará de responsables a intendentes kirchneristas por los incidentes ocurridos en la marcha de jubilados, que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso.
Es que, Bullrich, salió el jueves, a acusar a los dos intendentes peronistas de La Matanza y de Lomas de Zamora, Fernando Espinoza y Federico Otermín, de enviar “barrabravas” a la marcha de jubilados del pasado miércoles para causar disturbios e incitar a la represión policial.
“Tenemos varios detenidos de hinchadas y de barrabravas que salieron de distintos lugares, pero queremos resaltar dos: de la Municipalidad de La Matanza y de la Municipalidad de Lomas de Zamora”, aseguró la ministra Bullrich.
Ante la falta de pruebas aportadas, este viernes, Espinoza remarcó: “La ministra Patricia Bullrich lanzó acusaciones mediáticas y presentó una denuncia en la que dice que, cuando la Justicia se las pida, aportará pruebas, las que deberían haber acompañado a la presentación judicial excepto que vía fake news las esté produciendo ahora”.
“Sin aportar ni una sola prueba y con vagas referencias a medios de comunicación, la ministra de Seguridad de Milei trata de ocultar la terrible represión que el gobierno ordenó”, escribieron desde la administración municipal que comanda Espinoza.
En ese contexto, la intendencia de Espinoza afirmó que el objetivo del gobierno de Javier Milei fue “pegar, gasear y llenar de balazos de goma a la gente” y que eso “terminó con un joven fotógrafo de Lanús, Pablo Grillo, luchando por su vida y con una jubilada de 87 años con graves heridas en la cabeza al ser golpeada por un policía y sufrir una fuerte caída”.
“Bullrich, acusó, primero públicamente y ahora difundiendo una denuncia, a nuestro municipio con absoluta falsedad, de haber convocado y organizado a grupos que fueron mandados a cometer desmanes”, agregaron desde la administración municipal.
En esa línea, Espinoza denuncia que el Ejecutivo nacional busca desligar su responsabilidad inventando lo que no pasó, “como es habitual en los libertarios”. “Pues bien, cuando quede absolutamente claro que es todo un invento para justificar la represión salvaje de anteayer, esperamos que la Ministra haga una conferencia de prensa y cuente cómo le fue en la justicia con este invento”, cerró.
Vale señalar que, el comunicado de La Matanza, llega luego de que, la cartera de Seguridad presentará ante la Justicia una denuncia por “sedición atentado al orden constitucional y asociación ilícita” agravada a las 124 personas que detuvieron el miércoles las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, en forma paralela, la administración libertaria apuntó contra los dos intendentes del PJ, a quienes acusa de avalar o fogonear la concentración de manifestantes en las puertas de sus municipios para luego trasladarse a la zona del Congreso. En ese marco, la intendencia de Otermín ayer también negó las acusaciones.
El Gobierno denunció a los organizadores de la marcha de jubilados, luego de acusar a Espinoza y Otermín
El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó junto al presidente de la Nación, Javier Milei, una denuncia penal contra los organizadores de la marcha de jubilados e hinchas en el Congreso.
En efecto, la denuncia fue presentada ante la Justicia Federal y menciona como posibles responsables al exlíder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados.
Según la cartera nacional que conduce Bullrich, estos grupos habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores y sostienen que la violencia en la marcha fue orquestada con el objetivo de desestabilizar el gobierno de Javier Milei.
Además, en la presentación judicial también se señala a Leandro Capriotti, vinculado al club Chacarita y presuntamente cercano al sindicalista Luis Barrionuevo, como uno de los principales responsables de la violencia. De acuerdo al Ejecutivo, Capriotti habría coordinado a grupos de barrabravas para generar desorden en la marcha.
La acusación se basa en el artículo 8 de la Ley Antimafias N°27.786, que establece penas por la “asociación ilícita” en delitos contra el orden público. Desde el Ministerio de Seguridad, también se cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de la mayoría de los detenidos y consideraron que esta decisión se tomó sin evaluar adecuadamente las pruebas ni los antecedentes penales de los arrestados.
En ese sentido, la denuncia destaca que varios de los detenidos tienen antecedentes por delitos graves, como lesiones, tenencia de armas y tráfico de estupefacientes por lo que la cartera de Seguridad nacional solicitó que se declare la incompetencia del juzgado de Andrade en este caso, debido a la gravedad de los delitos investigados.
En tanto, desde la administración libertaria no descartan la posibilidad de presentar una denuncia penal contra la jueza Andrade por presunto prevaricato ya que consideran que su decisión de liberar a los detenidos podría haber violado los deberes de un funcionario público.
