El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a declarar en calidad de testigo en la causa por espionaje ilegal al hermano del expresidente Mauricio Macri, Mariano Macri, y al flamante diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, entre otras medidas de prueba que ordenó en esa investigación.
Martínez De Giorgi quedó a cargo de la causa por espionaje ilegal, que comenzó a investigarse en la justicia federal de Lomas de Zamora, por una decisión de la Cámara Federal de Casación en abril del año pasado.
Desde ese entonces el magistrado tiene a cargo causas como la que investiga el supuesto espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y el expediente en que se analizan maniobras del mismo tipo en contra de dirigentes como la vicepresidenta Cristina Kirchner, el sindicalista Hugo Moyano y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.
En ese marco, el juez también convocó a declaración testimonial por la causa de espionaje ilegal al suspendido juez de garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, que habría recibido presiones de espías para encarcelar a Hugo y Pablo Moyano, y a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, que realizó varias denuncias.
Todas las audiencias en relación de las causas por el supuesto espionaje ilegal desplegado por el gobierno de Mauricio Macri, están programadas para marzo próximo, según una resolución en la que el magistrado dispuso casi 40 medidas de prueba.
Asimismo, el juez pidió con carácter de “muy urgente” informes a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sobre la existencia de “un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente” entre ese organismo y la AFI “a través de un enlace dedicado o mecanismo similar”.
Espionaje ilegal: el cronograma de declaraciones
La declaración testimonial de Mariano Macri en las causas de espionaje ilegal quedó programada para el próximo 21 de marzo a las 10 horas de manera presencial en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.
Según se informó, a Santilli se lo citó para el 14 de marzo en relación a que “se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con los imputados en autos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían tenido lugar”.
Por su condición de diputado nacional, Santilli podría prestar testimonio en la causa por espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri de manera escrita y si opta por esta modalidad el juzgado le enviará un pliego de preguntas
En tanto, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, fue convocada a declarar en las causas por espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri, para el 22 de marzo y también podría elegir responder por la misma modalidad que Santilli.
En el caso de Caamaño, el magistrado detalló que se la citó como testigo en relación a un reportaje publicado por el diario “Tiempo Argentino” el 25 de diciembre pasado y se le hizo saber que “deberá ser relevada de la obligación de guardar secreto en los términos de la Ley 25.520”.
Por su parte, el juez Carzoglio quedó citado para el 28 de marzo “a fin de que se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano”, dos imputados en la causa de espionaje ilegal.
En la AFI, De Stefano tenia a cargo la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ), que dependía directamente del entonces director general Arribas, quien le delegó a De Stefano en ese momento la relación con el Poder Judicial.
Como parte de las tareas a su cargo, De Stefano en agosto de 2018 se apersonó en la oficina del juez Carzoglio para interesarse por la detención de Moyano, un expediente que se tramitaba ante el juzgado de Ariel Lijo.
De Stefano fue involucrado en la causa por el procesamiento de los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por espionaje ilegal y ahora está siendo investigado por la causa de la “Gestapo” en la provincia de Buenos Aires.
Espionaje ilegal: el pedido de pruebas
Además de ordenar las testimoniales, el magistrado pidió informes al Servicio Penitenciario Federal, al Bonaerense, a la policía de la provincia de Buenos Aires, a Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre “convenios que hubieren celebrado” con la ex SIDE y su sucesora, la AFI, entre 2010 y 2019.
La Justicia Federal pidió al Servicio Penitenciario Bonaerense que “con carácter de muy urgente se informen circunstanciadamente los motivos que rodearon la instalación de cámaras y micrófonos en el pabellón 6 de la Alcaidía Departamental N° 3 de La Plata “Melchor Romero”, entre los días 8 y 24 de agosto de 2018.
Además, Martínez De Giorgi requirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe “la nómina de agentes de la Policía de la Ciudad que, en el período comprendido entre los años 2015 y 2019, fueron reclutados por la AFI“.
