El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió investigar las reuniones y llamadas que hizo el expresidente Mauricio Macri entre junio y noviembre de 2018, en el marco de la causa por espionaje ilegal a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La decisión del magistrado federal fue impuesta tras un pedido que impulsó el fiscal Franco Picardi. El funcionario propuso investigar las reuniones y llamadas del líder de Juntos por el Cambio a fin de descubrir si existió un plan sistemático de espionaje ilegal durante su gobierno “para lograr objetivos políticos y personales”.
“La solicitud del Ministerio Público Fiscal de que se extraigan testimonios de la presente y se lleven a cabo una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación -complementariamente a las diligencias ordenadas en causas conexas y que se encuentran en curso-, no hace más que persuadir al tribunal de que la instrucción aún no se encuentra completa”, detalla la resolución firmada por Martínez De Giorgi.
Entre las medidas dispuestas en la causa, el juez le solicitó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que “brinde detalle de todas las líneas telefónicas institucionales oportunamente asignadas a Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Alan Ruiz, Juan Sebastián De Stéfano y Bernardo Miguens, entre los meses de junio y noviembre del año 2018″.
A su vez, Martínez De Giorgi le pidió a las empresas telefónicas que informen qué números utilizaban esos exfuncionarios del Gobierno nacional entre junio y noviembre de 2018, el período en el cual se sospecha que se vigiló a Cristina Kirchner.
A fin de obtener más información de Macri y sus allegados, el juez federal también dispuso pedir a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que aporte los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada, entre los meses de junio y noviembre del año 2018.
En tanto, desde la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia pidieron copia del dictamen del fiscal que impulsó la investigación, un documento que Martínez De Giorgi prometió que será entregado.
En ese dictamen, Picardi sostuvo que “hay circunstancias objetivas comunes en las causas cuyas investigaciones se orientan al conocimiento de posibles acciones de inteligencia ilegal desplegadas durante el período de gestión que tuvo a su cargo la dirección de la AFI entre los años 2016 y 2019.”
“De la acreditación probatoria del caso derivaron vinculaciones directas entre varios de los objetivos de inteligencia ilegal promovidos e intereses personales que son reconducibles a Gustavo Arribas y Mauricio Macri”, detalla el fiscal en su pedido ante la Justicia.
La causa por espionaje a Cristina Kirchner
En agosto de 2018, un auto de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue detectado en la puerta del Instituto Patria, hecho que fue denunciado por el kirchnerismo en los tribunales federales de Comodoro Py.
En aquel momento, la AFI explicó que se estaban haciendo tareas de prevención por la cumbre del G20 en el marco de una causa que tramitaba el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena. Con esa explicación, Martínez De Giorgi dictó los sobreseimientos de Arribas y Majdalani.
Sin embargo, en febrero del 2020, la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció ante el propio Villena que durante el macrismo existió un entramado para justificar operaciones de vigilancia sobre Cristina Kirchner y presentó documentación del organismo de inteligencia que apareció en su gestión. Por su parte, Villena se excusó de intervenir.
Después de una veintena de detenciones e indagatorias, en julio de 2020, la Cámara Federal de La Plata apartó a Villena y le pasó el expediente a su colega José Luis Augé, que luego avanzó en los procesamientos.
Posteriormente, la causa por espionaje ilegal a Cristina Kirchner que estaba en los tribunales de La Plata, por orden de Casación, quedó en Comodoro Py, donde ahora se sustancia la investigación.
Cabe destacar que, a finales del año pasado, la Cámara Federal entendió que no había existido una asociación ilícita, sino conductas de cuentapropismo de un grupo de agentes. Ahora, el pedido de Picardi puso en escena a Macri, quien aún no había sido involucrado en la causa.
