miércoles, enero 26, 2022

Espionaje ilegal: procesan a dos exjefes de Contrainteligencia de la AFI de Macri

El juez Martín Bava procesó a Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste como responsables de la "realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de participes secundarios".

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El juez Federal interino de Dolores, Martín Bava, procesó a dos exjefes de Contrainteligencia de la Agencia Federal de inteligencia (AFI) del Gobierno de Mauricio Macri en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

En la resolución de 98 páginas, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste fueron procesados como responsables de la “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de participes secundarios”, por lo que el fallo judicial les trabó embargos hasta cubrir la suma de $20 millones.

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En este sentido, el juez Bava entendió que los exdirectores de la Dirección Operacional de Contrainteligencia durante el período investigado (2017 y 2018) posibilitaron que las acciones prohibidas continuaran por, al menos, el lapso de un año.

De esta manera, son 11 las personas procesadas que se desempeñaban en la AFI, entre exfuncionarios y exagentes, por el supuesto espionaje ilegal a los allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan como así también del buque “El Repunte” y del buque “Rigel”.

En detalle, el juez Bava recordó en su fallo que el llamado a indagatoria de Coste y Dalmau Pereyra fue motivado por el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, en su indagatoria, cuando dijo que los imputados debieron controlar las acciones ilegales llevadas adelante desde la Delegación Mar del Plata.

“Fueron deliberadamente estériles los mecanismos de control internos que dispuso la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante la investigación de las conductas ilícitas en las que tomaron participación activa las máximas autoridades de la Agencia”, sostuvo Bava.

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En ese sentido, el magistrado responsabilizó principalmente por el espionaje ilegal a Arribas y a su exsubdirectora Silvia Majdalani, tras lo cual remarcó que Dalmau Pereyra y Coste “permitieron que continuaran realizándose tareas de inteligencia ilegales sobre los familiares de los buques pesqueros referidos y, en particular, sobre los allegados a los tripulantes del submarino ARA San Juan”.

En la causa por espionaje ilegal se investiga la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre familiares de las víctimas del ARA San Juan con relación a su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias.
En la causa por espionaje ilegal se investiga la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre familiares de las víctimas del ARA San Juan con relación a su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias.

Finalmente, Bava cuestionó: “¿Cómo puede ser que en un tema de la enorme importancia institucional como el hundimiento del ARA San Juan, hayan tenido lugar estos sucesos y que la Dirección Operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia lo desconociera?”. “Es imposible sostener que las máximas autoridades de la AFI y del Gobierno nacional hayan estado al margen de estos sucesos”, agregó.

Causa de espionaje ilegal, ¿qué se investiga?

En la causa por espionaje ilegal se investiga la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, con relación a su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos.

De acuerdo a la acusación, con el espionaje ilegal se buscaba “influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del ARA San Juan y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno”.

Según el expediente de la causa, todas estas tareas de espionaje ilegal “no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”.

“Se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en la opinión de esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno que el imputado encabezaba”, argumenta el texto de la acusación.

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