El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, se encamina a resolver la situación procesal del expresidente Mauricio Macri a quien indagó en la causa en la que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido el 15 de noviembre de 2017.
El viernes último el juzgado federal tuvo por recibidas todas las declaraciones testimoniales ordenadas a propuesta de la defensa de Macri, por lo que el juez quedó con el camino despejado para tomar decisiones sobre al futuro del ex jefe de Estado.
Mientras el magistrado define si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a Macri, el expresidente hace las valijas para volver a salir del país, luego de su viaje a Arabia Saudita.
Macri días atrás presentó un pedido de autorización para trasladarse a Chile, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, en representación de la Fundación FIFA, para participar de una conferencia sobre el cambio climático y la agricultura sustentable.
Sin embargo, la autorización no le será necesaria a Macri porque la Cámara Federal de Mar del Plata revocó la prohibición de salida del país que le impuso el juez Bava y le pidió al magistrado fundamentar la medida de otra forma si la consideraba necesaria.
De este modo, mientras Macri cruza la Cordillera de los Andes, el juez federal interino deberá pronunciarse sobre la situación procesal del expresidente en la causa en la que investiga el supuesto espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan.
Por el momento, ninguna de las testimoniales propuestas por la defensa de Macri permitió explicar la presencia de imágenes de familiares del ARA San Juan, ni su individualización, ni los informes sobre sus movimientos .
ARA San Juan: qué pasó con las declaraciones que pidió Macri
La defensa de Macri buscaba probar con esas testimoniales que el expresidente no promovió maniobras de espionaje ilegal y que la información de la denuncia por las presuntas tareas de inteligencia contra familiares del ARA San Juan podía estar vinculada con actividades del ámbito de la seguridad presidencial.
El argumento de la “avanzada presidencial” lo introdujo en el expediente la procesada exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, en el marco de su declaración indagatoria que le tomó el juez Martín Bava.
“La AFI, cuando yo era subdirectora, tenía un departamento específico que se llamaba Departamento de Enlace con la Casa Militar. Ese departamento realizaba lo que comúnmente se llama ‘previo’ o ‘adelantado’ presidencial”, había declarado Majdalani, número dos de la agencia de inteligencia durante el Gobierno de Macri.
El día de su indagatoria, la defensa del expresidente Macri presentó un escrito en el que solicitó las declaraciones testimoniales de exfuncionarios de su administración, entre las que requirió las de los exjefes de la Casa Militar y los exjefes de la custodia presidencial.
En los últimos días, ingresó al expediente la declaración testimonial, por escrito, de Alejandro Guglielmi, quien se desempeñó como segundo jefe de la Casa Militar y jefe de la Agrupación Seguridad e Inteligencia de dicho organismo durante los años 2017 y 2018, el período comprendido por la investigación judicial.
Bajo juramento de decir la verdad, relató que, en forma previa a que el expresidente visitara algún lugar, la AFI entregaba a la Casa Militar “un informe socioambiental en soporte papel, que complementaba el informe previo del jefe del equipo de seguridad que concurría al evento”.
Una fuente con acceso a la investigación sobre el presunto espionaje ilegal a familiares del Ara San Juan afirmó que la declaración de Guglielmi fue en la misma dirección a la que había dado, de modo presencial, el exjefe de la Casa Militar José Luis Yofre, a quién le atribuyó haber sido más explicativo.
Según la fuente, Yofre había explicado que ese informe socioambiental queda en la Casa de Gobierno (y no en la AFI) y contiene cuatro puntos: servicio meteorológico, rutas de escape, hospitales públicos y privados, y eventuales cortes de ruta que puedan afectar el camino que debe atravesar el Presidente.
Fuentes judiciales consultadas señalaron que ninguna de las testimoniales propuestas por la defensa de Macri permitió explicar la supuesta presencia de imágenes de familiares del ARA San Juan, ni su individualización, ni los informes sobre sus movimientos y reclamos, que formaron parte de la denuncia original.
ARA San Juan: por qué se lo investiga a Macri
A Macri se le imputa haber “ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias”, entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018.
Las supuestas maniobras de espionaje ilegal contra los familiares del ARA San Juan habrían consistido en “la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.
“Entre esas tareas de espionaje ilegal prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares del ARA San Juan“, según detalló el juez Bava en la resolución que emitió el 1 de octubre cuando convocó a Macri.
El magistrado sostuvo que “esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades”.
