La causa por el supuesto espionaje ilegal desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri avanza en el denominado "capítulo penitenciario".
En ese expediente se investigan presuntas maniobras de inteligencia realizadas sobre empresarios y exfuncionarios kirchneristas que estuvieron detenidos en causas vinculadas con supuestos hechos de corrupción.
En los últimos días el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé ordenó otro allanamiento al penal de Ezeiza y otras dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a instancias de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
La medida tuvo por objetivo recolectar cualquier tipo de documentación vinculada con la sospecha de que se habría implementado en el SPF un mecanismo para controlar los movimientos de empresarios, sindicalistas y exfuncionarios detenidos.
Se sospecha que esa información a disposición de la AFI. Los investigadores transitan, en paralelo, el camino para intentar determinar cuál es el vértice de la organización criminal investigada.
Se trata de determinar dio las órdenes de realizar las tareas de espionaje ilegal, en un expediente en el que se acumulan indicios que podrían conducir al expresidente Mauricio Macri.
Se trató del segundo allanamiento realizado en el penal de Ezeiza y otras dependencias del SPF como el departamento de inteligencia penitenciaria: en el primero, se encontraron cámaras, micrófonos, cables y actas.
Durante el operativo realizado en la Dirección Nacional del SPF un testigo declaró que el día de la renuncia de su extitular, Emiliano Blanco, hubo dos asesores de él que pasaron por allí a retirar cajas con documentación.
Esa declaración motivó que se ordenara el allanamiento de los domicilios a nombre de Blanco, que se llevaron a cabo ayer en lo que fue la finalización de los procedimientos que habían empezado el jueves al mediodía.
La causa también contiene la declaración de distintos testigos de identidad reservada que dieron cuenta que el asesor del SPF Fernando Carra "formaba parte de un engranaje manejado por Emiliano Blanco".
Según la descripción del testigo, eran algunos de los encargados de "recolectar información a través de la observación de los internos del programa IRIC por medio de cámaras y micrófonos".
El programa IRIC fue el sistema de "Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad" que diseñó el gobierno de Cambiemos y que permitió agrupar a detenidos por supuestos casos de corrupción en el mismo espacio físico.
"Tal mecanismo habría desviado su finalidad legal y se habría convertido en una fuente de información que luego era utilizada para distintos fines, y compartida presumiblemente a la Agencia Federal de Inteligencia", detallaron.
Para los investigadores, la decisión del SPF de mover al narcotraficante Mario Segovia a uno de los pabellones en los que estaban detenidos los exfuncionarios fue el inicio de la maniobra que luego habría permitido el espionaje político ilegal.
Entre las víctimas del espionaje penitenciario estarían el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los exfuncionarios Roberto Baratta, Rafael Llornes y Carlos Kirchner, el ex jefe del Ejército Cesar Milani y los empresarios Lázaro Báez (aún detenido), Gerardo Ferreyra, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En los teléfonos celulares secuestrados a los espías investigados por espionaje ilegal se encontraron documentos Excel en los cuales los detenidos del sistema IRIC eran clasificados con los colores del semáforo.
