Los trabajadores de FATE, nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), impulsan un proyecto de ley para que la Legislatura bonaerense declare de utilidad pública la producción de neumáticos en la provincia de Buenos Aires, y habilite la ocupación temporaria de la planta ubicada en el municipio de San Fernando bajo la supervisión estatal de la administración de Axel Kicillof.
Es preciso mencionar que, la iniciativa que los trabajadores buscan llevar a la Legislatura bonaerense surge luego de que un fallo judicial revocara el pedido de desalojo de la fábrica ocupada tras el cierre de la planta y el despido de 920 operarios, una decisión que modificó el escenario del conflicto y fortaleció la estrategia que lleva adelante el sindicato para intentar garantizar la continuidad productiva y los puestos de trabajo.
En tanto, la resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, que dejó sin efecto la orden de desalojo que pesaba sobre los trabajadores y estableció que la situación debe ser considerada un conflicto laboral y no un hecho de carácter penal. Es que, el tribunal analizó el planteo presentado por el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, que había apelado la medida dispuesta previamente por el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro.
En los fundamentos del fallo, los jueces señalaron que la permanencia de los trabajadores de FATE dentro del establecimiento constituye una medida de acción directa vinculada a la defensa de los puestos de trabajo y enmarcada dentro del derecho constitucional a la huelga, y remarcaron que este derecho está reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, y constituye una herramienta colectiva destinada a preservar o conquistar derechos laborales.
En tanto, la decisión judicial se produce en un contexto de fuerte tensión, luego de que el holding encabezado por Manuel Madanes Quintanilla anunciara el pasado 18 de febrero el cierre de la planta de San Fernando y el despido de 920 operarios, una medida que derivó en la ocupación del establecimiento por parte de los trabajadores. Desde entonces, el conflicto incluyó medidas gremiales, conciliaciones obligatorias y distintas gestiones políticas para evitar la paralización definitiva de la fábrica.
Con ese respaldo judicial, el sindicato del neumático decidió avanzar en una estrategia política que traslade la discusión al ámbito legislativo provincial. En una asamblea realizada dentro de la planta de FATE, los trabajadores resolvieron promover un proyecto de ley que permita al Estado provincial intervenir de manera temporal en la empresa con el objetivo de mantener la producción y preservar los puestos de trabajo.
La iniciativa plantea que el Poder Ejecutivo bonaerense, a cargo de Axel Kicillof, pueda tomar posesión de la planta durante un período inicial de un año, con posibilidad de prórroga, mediante una ocupación temporaria que abarcaría las instalaciones industriales, las maquinarias, las materias primas, los insumos y todos los bienes vinculados al proceso productivo, incluida la marca comercial. Durante ese lapso, la fábrica sería administrada bajo supervisión estatal con participación de los trabajadores en la gestión.
Según el documento elaborado por el SUTNA, el objetivo central de la propuesta es evitar el cierre de la única planta del país dedicada a la fabricación de neumáticos radiales para camiones y colectivos, un insumo considerado estratégico para el funcionamiento del transporte de cargas y de pasajeros. Desde el gremio sostienen que la continuidad productiva resulta clave para garantizar el abastecimiento del mercado interno y prevenir eventuales problemas en el sistema de transporte.
El planteo sindical también se inscribe en un escenario industrial complejo en el territorio bonaerense. De acuerdo con datos del Ministerio de Producción provincial, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron más de 79.000 puestos de trabajo y cerraron casi 5.500 empleadores en la provincia de Buenos Aires, mientras que sectores como el automotriz y el autopartista, donde se ubica la producción de neumáticos, figuran entre los más afectados por despidos y suspensiones.
En ese contexto, los trabajadores de FATE sostienen que el cierre de la planta no sólo implicaría la pérdida de 920 empleos directos, sino también un impacto social más amplio sobre proveedores, comercios y servicios vinculados a la actividad industrial del distrito. Por esa razón, el proyecto presentado ante los legisladores bonaerenses plantea que la ocupación temporaria tenga como objetivo garantizar la continuidad de la producción, preservar las fuentes de trabajo y asegurar el abastecimiento del mercado interno mientras se define una solución de fondo para el futuro de la empresa.
La Legislatura bonaerense saltó la grieta por el cierre de FATE
El mismo día del cierre de la planta en San Fernando, legisladores bonaerenses de distintos espacios políticos cuestionaron el cierre de la planta de Fate y coincidieron en expresar su rechazo a la decisión empresarial de Javier Madanes Quintanilla, en una inusual convergencia que incluyó voces de La Libertad Avanza, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda Unidad, luego de que la empresa anunciara la clausura definitiva de su establecimiento industrial y dejara a casi mil trabajadores sin actividad.
La primera en pronunciarse fue Florencia Arietto, que integra el bloque La Libertad Avanza, y calificó lo ocurrido como “una ilegalidad total” y apuntó directamente contra el titular de la empresa. “En la vida hay que ser justo, no clemente como decía Marco Aurelio. Lo de Madanes en Fate es una ilegalidad total. Deja a familias sin ingresos para apretar al Gobierno. Estos son los empresarios que no podemos seguir justificando. Más allá de los zurdos impresentables del sindicato”, escribió la senadora en sus redes sociales.
Por caso, desde la bancada de Unión por la Patria, la senadora Malena Galmarini publicó un extenso mensaje en el que vinculó el cierre de FATE con el rumbo económico nacional. “Nos despertamos con la noticia ¿Nos despertamos realmente?”, planteó la tigrense, que enumeró las consecuencias que generan las políticas de ajuste y apertura indiscriminada de las importaciones: “jóvenes sin futuro cercano, padres sin trabajo, madres sin tranquilidad para acompañar a sus hijos y familias sin recursos para afrontar el inicio de clases”, escribió la legisladora.
Por su parte, el senador Federico Fagioli, también de Unión por la Patria, vinculó el episodio con el debate por la reforma laboral. “Acá tenés la ‘modernización laboral’. El gobierno de Javier Milei está destruyendo la industria nacional, y encima te quiere clavar una reforma que solo va a aumentar los despidos y los cierres de empresas. Hay que frenarlo”, afirmó el legislador que representa a Patria Grande en el Senado bonaerense.
En última instancia, el diputado bonaerense del Frente de Izquierda Unidad, Christian Castillo, denunció que la planta se encontraba “prácticamente militarizada” y que la Policía disparó balas de goma contra trabajadores reunidos en la puerta para resguardar sus puestos. Además, el legislador indicó que habría sido detenido el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, y expresó la solidaridad de su espacio con los empleados del neumático, en un contexto donde referentes de distintos partidos coincidieron en repudiar el cierre y advertir sobre su impacto laboral y productivo.
